Las autoridades uruguayas entregaron hoy un certificado a las víctimas y familiares de víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura (1973-1985) y en los cinco años precedentes (1968-1973), en el que se acredita la responsabilidad del Estado en aquellos crímenes.

La entrega se realizó en una breve ceremonia en el Palacio Legislativo presidida por el ministro uruguayo de Educación, Ricardo Ehrlich, titular de la Comisión Especial de la Ley 18.596, promulgada en 2009 con ese fin.

"Más allá de las obligaciones" que genera esa ley, la medida "debe considerarse parte del esfuerzo" de la sociedad uruguaya para "cerrar heridas" del pasado, subrayó el ministro.

La iniciativa, agregó, intenta también "despejar el horizonte para las nuevas generaciones, dejándoles el legado de un país que ha asumido con valentía su historia y sus dolores".

Ehrlich recordó que el certificado es una de las líneas de reparación contempladas en la ley, junto con las prestaciones médicas, la asistencia sicológica y las indemnizaciones económicas.

En el acto representantes de las organizaciones Crisol y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos recibieron un listado de las personas destinatarias del certificado, que en los próximos días podrán acudir a recogerlo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Esteban Pérez, indicó que se trata de "un día especial" para los presentes, pero también "para quienes no están pero lo están, aunque otras manos reciban el certificado", y pidió alejar "todo sentimiento de odio y rencor".

La Ley 18.596 no es la primera norma de estas características que se aprueba en el país, aunque todas se promulgaron con la llegada al poder en 2005 del izquierdista Frente Amplio (FA), actualmente en el Gobierno.

En 2006 fue sancionada por el Parlamento la Ley 18.033 para compensar a todos aquellos uruguayos que por culpa del régimen militar perdieron sus trabajos.

Al año siguiente el Ejecutivo envió al Parlamento una ley para reparar también a los familiares de las víctimas de los policías y militares fallecidos en aquella época a manos de la guerrilla tupamara, lo que generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de izquierdas.

Desde principios de los años sesenta del siglo pasado los tupamaros cometieron asaltos, atentados, secuestros y asesinatos como parte de su lucha insurgente contra varios gobiernos democráticos que, aunque fueron elegidos en las urnas, impusieron fuertes medidas represivas en las calles en un contexto de convulsión social.

Cuando llegó la dictadura la guerrilla fue neutralizada y duramente reprimida por la Policía y el Ejército.

El año pasado, el Gobierno que preside el exguerrillero José Mujica y que cuenta con varios ministros que fueron también tupamaros lideró un acto solemne por el que el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad por el caso Gelman, como se conoce la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman y la pérdida de identidad de la hija que tuvo en cautividad.

Además, por aquella causa fijó una indemnización de 500.000 dólares, una cifra bastante superior a las compensaciones económicas precedentes, de unos 150.000 dólares.

Según la Comisión para la Paz (200-2003), la dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en el país.

En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una, todas ellas relacionadas con el Plan Cóndor, orquestado por las dictaduras de América del Sur para reprimir a sus disidentes políticos.