El vicepresidente argentino es un hombre con fama de rebelde, al que le gusta divertirse y tocar la guitarra y quien se presentó al festejo del triunfo electoral enfundado en una chaqueta de cuero, parte de una nueva generación que se prepara para ejercer el poder en el futuro. Un escándalo, no obstante, le está desdibujando a Amado Boudou su imagen de político precoz, lleno de promesas.

Boudou, de 48 años, ha sido acusado de interceder para que un contrato de 55 millones de dólares para imprimir billetes fuese concedido a asociados secretos a través de una oscura compañía que fue usada para costear viajes de placer de amigos y familiares.

El vicepresidente sostiene que la prensa y la justicia inventaron el escándalo. "Hay un plan urdido para intentar buscar una ligazón con personas que yo no las tengo", afirmó Boudou en un enérgico discurso ante el Senado en abril, la única ocasión en que se explayó en torno al tema.

Pero figuras de la oposición dicen que Boudou y el gobierno están tratando de encubrir el escándalo, con una actitud que refleja una cultura de impunidad. El episodio alimenta la ansiedad de la población en torno a un gobierno al que le cuesta estabilizar la economía y que está enfrentado con el sector empresarial.

Los fiscales dicen haber encontrado evidencia suficiente como para acusar de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y manejo de influencias a Boudou, su novia, su mejor amigo y un misterioso abogado que supuestamente usó por años como testaferro en negocios secretos. Un juez investigador debe decidir ahora si le inicia un proceso que, de ser hallado culpable, podría impedirle volver a ejercer cargos públicos.

Algunos gobiernos latinoamericanos han tomado sonadas medidas contra la corrupción. Chile saca a licitación todo contrato de 150 dólares para arriba a través de un sistema transparente en línea. La presidenta de Brasil Dilma Rouseff se desprendió de siete ministros sin siquiera esperar los resultados de investigaciones de malversación de fondos públicos.

En Argentina, donde la justicia usualmente avanza a paso lento, Boudou consiguió resultados inmediatos con su queja de que elementos corruptos de la justicia estaban filtrando información comprometedora: el fiscal y el juez investigador que intervenían quedaron afuera del caso, y el Procurador General Esteban Righi, venerado por su trabajo en el área de los derechos humanos, renunció bajo presión.

Es poco probable que Boudou sea sometido a juicio político ya que Fernández tiene amplia mayoría en el Congreso.

En esta sistema, es la prensa la que está sacando a la luz las presuntas irregularidades, y a cada rato surgen nuevos indicios que vinculan a Boudou con The Old Fund, una empresa de propiedad desconocida con la que al funcionario dice no tener relación alguna.

Boudou niega haber cometido irregularidades y la presidenta Cristina Fernández le está dando un silencioso pero claro apoyo, incluyéndolo casi a diario en eventos frente el público. El problema es que Boudou, quien hasta hace pocos meses asomaba como el candidato natural a suceder a Fernández en 2015, no habría actuado solo: los líderes de la agencia impositiva, del banco central y de la casa de la moneda apoyaron algunas de las decisiones que lo llevaron a los tribunales.

Ahora legisladores de oposición acusan a la presidenta de aprobar un encubrimiento digno de la era de Richard Nixon y se preguntan qué sabía de Boudou cuando lo seleccionó como compañero de fórmula.

Según documentos presentados en los tribunales y declaraciones ante el Congreso, a fines de 2010, seis meses antes de su selección como candidato a la vicepresidencia, Boudou usó sus atribuciones como ministro de Economía para ayudar a que The Old Fund salir de la quiebra de la impresora Ciccone Calcográfica. La maniobra impidió que la impresora quedase en manos de Boldt, firma que tiene lazos con el principal rival político de Boudou, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli.

The Old Fund pagó 579.000 dólares de origen desconocido para tomar el control de Ciccone, y Boudou y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Etchegaray fijaron términos muy ventajosos para la cancelación de una deuda impositiva de 51 millones de dólares: un plazo de 12 años con intereses mensuales de 0,5%, muy por debajo de los índices de inflación.

"Como ministro de Economía no hice ninguna acción para favorecer a la empresa Ciccone", afirmó Boudou. "Lo único que hice fue contestar una carta de la AFIP para cuidar la firma, porque nosotros hacemos eso en el gobierno, cuidar las firmas de la Argentina. Cuidamos a las empresas argentinas. Protegemos y administramos el comercio exterior".

Renombrada Compañía de Valores Sudamericana, la impresora pronto empezó a ganar millones de dólares generados por material de la campaña Fernández-Boudou.

Leyes que protegen el secreto empresarial hacen que resulte difícil determinar quién es propietario de qué, pero periodistas investigadores de los diarios Clarín, La Nación y Perfil dicen haber encontrado documentos que indicarían que detrás de The Old Fund hay una serie de empresas oscuras, algunas de ellas en el exterior, y de "prestanombres" que son usadas en operaciones turbias a cambio de una comisión.

La oposición dice que The Old Fund fue usada para costear iniciativas del círculo de Boudou: recibía fondos no reportados que eran empleados en proyectos políticos o en viajes de placer, según legisladores opositores que pidieron una investigación del Congreso.

"El vicepresidente de la Nación alega no conocer ni poseer ningún tipo de vínculo con los miembros de las empresas de referencia, pero sin embargo existen una cuantiosa cantidad de hechos que confeccionan una compleja trama de conexiones entre ellos", declaró el senador radical Gerardo Morales.

El primer batacazo se produjo cuando una mujer despechada, Laura Muñoz, le dijo al periodista Jorge Lanata en una entrevista radial que su marido, el abogado Alejandro Vandenbroele, había servido como testaferro de Boudou en varios negocios secretos. Vandenbroele, de hecho, era el director de The Old Fund y el único empleado de que se tenga noticia. Muñoz dijo que había hecho esa revelación porque temía que partidarios del gobierno atentasen contra su vida y que le había dado mucha información comprometedora a los investigadores.

Boudou y Vandenbroele negaron conocerse. El vicepresidente dijo que jamás había visto al abogado y Vandenbroele publicó un aviso en el diario Cronista Comercial en el que aseguró que era "absolutamente falso que sea testaferro del señor vicepresidente de la Nación".

"No fui, ni soy amigo, ni conocido y mucho menos cierto que tenga con él relación comercial alguna", aseguró el abogado en la solicitada publicada en el diario El Cronista Comercial. "Tal supuesta relación (con Boudou) no es más que el producto de la inventiva de mi esposa", expresó Vandenbroele.

Sin embargo, siguieron apareciendo documentos comprometedores. El diario La Nación encontró registros que muestran que la compañía pagó por numerosos viajes del hermano de Boudou y de amigos: viajes a esquiar a Aspen, vacaciones en San Diego, Nueva York y París; viajes a la Copa Mundial de Sudáfrica y decenas de viajes rápidos a Uruguay, todos arreglados por la antigua novia de Boudou, quien era agente de viajes.

El viajero más frecuente con gastos pagados por The Old Fund parece ser José María Núñez Carmona, el mejor amigo de Boudou y cliente de Vandenbroele, según reveló el diario la semana pasada.

El partido Radical pidió una investigación conjunta de las dos cámaras legislativas, pero el senador oficialista Miguel Pichetto dijo que no sería prudente llamar testigos al Congreso mientras la justicia investiga las denuncias. Agregó que el oficialismo no duda de "la absoluta inocencia del vicepresidente."