Muchas leyes heredadas por la dictadura militar siguen vigentes y son usadas en democracia: una de ellas --la ley antiterrorista-- mantuvo a 14 jóvenes casi un año presos acusados de colocar un centenar de bombas "de ruido", fueron criminalizados mediáticamente por el Ministerio del Interior y la Fiscalía Nacional, hasta que un tribunal los absolvió de todos los cargos.

La ley antiterrorista permite a la fiscalía presentar testigos protegidos y sin rostro, extender las detenciones preventivas hasta por dos años, intervenir las comunicaciones, delaciones compensadas y aumentar las condenas en varios años.

En democracia tres presidentes la han usado: los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y el actual mandatario, Sebastián Piñera. Bachelet la utilizó profusamente contra indígenas mapuches que luchan por recuperar las tierras de sus antepasados. Varios han pasado hasta dos años presos para luego ser absueltos por tribunales de justicia.

En el caso de los vinculados al llamado "caso bombas" perdieron más de un año de sus vidas, estuvieron encerrados en una cárcel de alta seguridad más de ocho meses, protagonizaron una huelga de hambre de 65 días, y siguieron con arresto domiciliario. Los 14 fueron absueltos del cargo de asociación ilícita terrorista.

Seis enfrentaron un segundo antejuicio, cuatro por colocación de bombas y dos por ser supuestos financistas. El viernes un tribunal de tres jueces los absolvió.

Uno de los absueltos es el antropólogo Francisco Solar, quien mientras estaba bajo arresto domiciliario en entrevista con la AP dijo que él fue inculpado por un antisistémico, el 'okupa' Gustavo Fuentes Aliaga, quien después se desdijo, pero no fue escuchado por la fiscalía.

Solar fue encerrado un par de semanas con un sujeto que luego fue usado por Peña como testigo encubierto: "Ahí entré en paranoia con los presos, no hablaba con nadie, desconfianza total, fue lo que más me afectó junto con el tema del encierro", agregó.

El abogado Mauricio Daza dijo que luego de que el 2 de agosto próximo se conozca íntegramente la sentencia del viernes, analizará acciones contra los impulsores del proceso, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el ex fiscal Alejandro Peña, quien dos días después de exhibirlos ante la prensa como terroristas y de asegurar que tenía más de 7.000 pruebas y 400 testigos en su contra, renunció y se fue a trabajar con el Ministerio del Interior.

El caso se inició con el arresto de los 14 en agosto del 2010, e implicó una gran gasto de recursos de parte del fisco y de las familias de los acusados, además del desprestigio de la Fiscalía Nacional.

El presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, dijo que el "caso bombas" ha sido la causa que "más desprestigio ha traído al Ministerio Público, por lo que a nuestro juicio es importante que el ex fiscal Peña dé un paso al costado", en alusión a que debería renunciar a su trabajo en el Ministerio del Interior.

La ley antiterrorista rige desde 1984, cuando la dictadura del general Augusto Pinochet la puso en práctica para combatir a los grupos guerrilleros Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mapu-Lautaro y a otros pequeños grupos izquierdistas. En democracia, a partir de 1990, ha sufrido algunas modificaciones, pero ningún intento serio por derogarla.