Una marcha de nativos de la Amazonía que defienden un parque natural y el refugio en la embajada de Brasil del senador opositor Roger Pinto, que denuncia persecución política, destacan entre los conflictos que empañan el papel del presidente Evo Morales como anfitrión de la Asamblea de la OEA.

Los amazónicos lograron en 2011 que Morales promulgase una ley que prohíbe cualquier carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), con una primera caminata de 66 días recibida triunfalmente en La Paz tras superar una brutal represión policial y bloqueos de partidarios del gobernante.

Sin embargo, el conflicto, que mermó la imagen de ecologista e indigenista de Morales, no quedó resuelto, pues el mandatario promovió una contramarcha de indígenas y productores de coca leales para aprobar otra norma que plantea consultar a los habitantes del Tipnis sobre la construcción de la carretera.

El proceso es apoyado por algunos nativos partidarios de Morales, que visitó la reserva y les llevó regalos, pero los que se oponen al proyecto vial iniciaron hace cinco semanas la nueva marcha contra la consulta, porque consideran que debió hacerse antes de contratar la obra con Brasil.

Las autoridades se han negado a dialogar con ellos y les acusan de estar financiados por opositores para desestabilizar a Morales, por lo que los amazónicos decidieron apelar a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que comienza mañana en Cochabamba.

Los leales a Morales no se quedaron de brazos cruzados y exigirán que la OEA "dé el visto bueno" a la carretera, reveló el líder del Consejo Indígena del Sur, Gumercindo Pradel, a quien los nativos que marchan desde el Tipnis acusan de estar "utilizado" por el Gobierno.

El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, anticipó que escuchará a ambos grupos "con mucho interés y respeto", pero que la OEA "difícilmente" puede involucrarse.

Morales, que logró frenar en los últimos días una oleada de huelgas y disturbios a veces violentos, también ha tenido problemas con la constructora brasileña OAS por supuestos incumplimientos con la polémica carretera y abrió un proceso para anular el contrato.

En paralelo, otra marcha de indígenas de las tierras altas andinas avanza desde el suroeste para exigir la salida de la minera canadiense South American Silver, que opera en la mítica Potosí, y pretenden unir su protesta en La Paz a los amazónicos.

A estos problemas se suma el del jefe de la oposición de derecha en el Senado, Roger Pinto, que solicitó asilo a la presidenta Dilma Rousseff tras refugiarse el lunes en la embajada brasileña.

Pinto se dice víctima de persecución política por criticar a Morales y acusarlo de no actuar contra el narcotráfico, aunque las autoridades replican que el corrupto fue él cuando gobernó la región norteña de Pando (1999-2002).

El analista político Carlos Cordero dijo a Efe que estos conflictos no afectarán al desarrollo de la cita de la OEA, pero sí "quitan credibilidad y deterioran la imagen" de Morales y "confirman que en Bolivia existe un preocupante clima de conflictividad".

"Las denuncias que se han hecho de que existe subordinación de la justicia con fines políticos se han confirmado con el pedido de asilo del senador Pinto y, por otro lado, con las marchas se están mostrando diferencias de la base indígena con el Gobierno", agregó.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, acusó a los indígenas y a la oposición de "manchar" la imagen del país con sus protestas antes de la OEA.

Recordó que una asamblea similar, celebrada en Bolivia en 1979, fue empañada por un cruento golpe de Estado dirigido por el general Alberto Natusch Busch, que, según Linera, "aniquiló la importancia" de una resolución de la OEA sobre la demanda boliviana a Chile de una salida al mar, que perdió en una guerra de fines del siglo XIX.

"Salvando las distancias y sin ese carácter sangriento, hoy (...) aparecen otras personas, por otros medios, intentando manchar a Bolivia en su necesidad de presentarse como entidad unificada", dijo Linera, pero los indígenas rechazaron esa acusación.

Desde que llegó al poder en 2006, Morales denuncia a menudo intentos de derrocarlo y matarlo, sobre todo cuando su popularidad cae por protestas sociales, como las que le asediaron entre marzo y mayo.

Morales cita con frecuencia el asesinato en 1946 del presidente Gualberto Villarroel, a quien una turba mató en su palacio, para luego colgar su cadáver de un farol.

El gobernador del departamento de La Paz, el oficialista César Cocarico, propuso esta semana "colgar" a quienes se oponen a Morales, pero ante el escándalo que desató, dijo que fue "un lapsus".