Un tribunal absolvió el viernes a cinco hombres y una mujer, acusados por el ministerio público y el gobierno de acciones terroristas como la colocación de bombas.

"Se dictará sentencia absolutoria" contra los seis acusados, pronunció la presidenta del tercer tribunal de oral de Santiago, Marcela Sandoval, al leer el veredicto en audiencia pública.

Los tres jueces desvirtuaron las acusaciones que responsabilizan a cuatro de los acusados como autores de la colocación de una serie de bombas desde el 2006 y otros dos de financistas de las supuestas acciones terroristas.

El gobierno sufrió con ese veredicto una derrota por cuanto sostuvo la culpabilidad de los acusados y el propio ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, declaró como testigo en el juicio, que se extendió por seis meses.

En octubre del año pasado otros siete implicados en supuestas acciones terroristas fueron también absueltos por otro tribunal tras permanecer detenidos ocho meses en una cárcel de alta seguridad.

En la resolución del tercer tribunal oral la jueza Sandoval señaló que se absolvía a Francisco Javier Domínguez de la acusación de colocar cuatro bombas contra edificios públicos entre 2006 y 2007, a Gustavo Fuentes Aliaga, por dos bombas, Ignacio Guerra Gajardo, por una bomba en 2009, a Andrea Caballero Sepúlveda, por un atentado incendiario. Los otros dos acusados, Omar Hermosilla Marín y Carlos Riveros Luque, fueron absueltos de financiar actividades terroristas.

El veredicto desvirtuó algunas de las pruebas, como la obtención de correos privados de los acusados por considerar ilegítima la forma de obtenerlos.

El fiscal Raúl Guzmán, que encabezó el equipo de fiscales acusadores, no quiso pronunciarse sobre el fallo señalando que "vamos a esperar la sentencia definitiva y sus fundamentos".

La sentencia será entregada el 2 de agosto.

Desde el inicio de atentados explosivos, la mayoría de ellos contra sucursales bancarias, uno de los supuestos terroristas murió y otro resultó gravemente herido al estallarles los explosivos que portaban.

El abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los acusados, anunció que presentarán una demanda contra el ministro del Interior y el ex fiscal en la causa Alejandro Peña, quien actualmente se desempeña como funcionario de esa cartera, por "el ejercicio negligente de un cargo público".

El presidente de la asociación de fiscal, Pedro Orthusteguy, criticó también a ambos funcionarios.

Dijo que "es una gran derrota para nosotros (los fiscales) y también para el gobierno".

El ministro del Interior y Seguridad Pública en una declaración que leyó a la prensa sostuvo que aparte de los recursos judiciales que se puedan interponer "sólo queda acatar lo que se disponga en definitiva".

Agregó que el gobierno procurará que los tribunales determinen a los responsables de los atentados terroristas, que aparte de los propios sospechosos afectados provocaron daños en las instalaciones en las que se colocaron los artefactos explosivos.