Tras una dictadura de tres décadas y diez meses de juicio, un tribunal egipcio tiene previsto emitir mañana la sentencia contra el expresidente Hosni Mubarak, que afronta la posibilidad de recibir la pena de muerte, pedida por la Fiscalía, por su supuesta implicación en la muerte de manifestantes.

Aun así, uno de los abogados de las víctimas, Asad Heikal, no descartó que la lectura de la sentencia sea atrasada por el Tribunal Penal de El Cairo, presidido por el juez Ahmed Refat.

"La corte aplazará el fallo hasta otra vista a finales de mes si la condena es leve, porque la situación de seguridad y política no lo permite en este momento, pero si la pena es dura la sentencia se pronunciará mañana para tranquilizar a los ciudadanos", explicó a Efe.

Para Heikal, existen "señales que indican que la pena va a ser leve".

En el banquillo de los acusados se sentarán mañana Mubarak, el exministro del Interior Habib al Adli y seis asesores suyos supuestamente involucrados en la matanza de manifestantes durante la revolución que llevó a la renuncia del mandatario el 11 de febrero de 2011.

Junto a Mubarak, de 84 años, se encontrarán, también, sus dos hijos, Alá y Gamal, inculpados, al igual que su padre, por abuso de poder y enriquecimiento ilícito.

El anuncio de la sentencia ha levantado una gran expectación en Egipto, que acaba de salir de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la que han ganado el islamista Mohamed Mursi y un hombre de Mubarak, Ahmed Shafiq, el último primer ministro del derrocado presidente.

Con este contexto político, otro letrado de la acusación, Ramadán Fathala, subrayó a Efe que "todos los indicios apuntan a que hay intención de indultar a Mubarak en caso de que Shafiq llegue al poder", tras la segunda vuelta -el 16 y 17 de junio-, por lo que, en su opinión, el fallo se va a aplazar para después de las elecciones.

"Si todos estos cargos fueran contra un ciudadano ordinario lo llevarían seguro a la horca, pero en el caso de Mubarak se ve que quieren indultarlo", lamentó.

En enero, la fiscalía pidió la pena de muerte para el exmandatario por supuestamente ordenar al ministro del Interior disparar con balas reales contra los manifestantes pacíficos e incitar a matarlos con el pretexto de dispersar por la fuerza las protestas que pedían la caída de su régimen.

Durante los últimos cuatro meses, los jueces han llevado a cabo deliberaciones y revisado las 70.000 páginas del archivo del caso.

El llamado Juicio del Siglo comenzó el 3 de agosto de 2011, tras el arresto de Mubarak y de sus hijos en abril de ese año en la localidad costera de Sharm el Sheij.

En las retinas de los egipcios quedará la imagen del mandatario, con pijama y en camilla, tras los barrotes donde se sientan los acusados en la sala de la Academia de Policía de El Cairo habilitada para alojar al tribunal.

Mubarak está ingresado en el Centro Médico Internacional de la capital, tras sufrir una ataque cardíaco durante interrogatorios judiciales en abril de 2011, desde donde ha sido trasladado en helicóptero a la Academia de Policía cada vez que se ha celebrado una vista del juicio.

Sus hijos, Al Adli y el resto de inculpados están encarcelados en la prisión de Tora, donde están detenidos varios dirigentes del antiguo régimen.

Durante todo este tiempo, el tribunal, cuya recusación pidieron los abogados de las víctimas aunque fue rechazada, ha escuchado los alegatos de la fiscalía y de la defensa, y a testigos, la mayoría policías y personas presentes durante la represión de las protestas.

Los momentos más esperados fueron las comparecencias del jefe de la Junta Militar, mariscal Husein Tantaui, del exvicepresidente Omar Suleimán, del jefe del Estado Mayor Sami Anan y del exministro del Interio Mansur Esaui, cuyo contenido las autoridades prohibieron difundir en la prensa.

Sin embargo, un abogado de la acusación reveló a Efe que en su testimonio Suleimán negó categóricamente que Mubarak ordenara disparar contra los manifestantes.

Con motivo de la sesión de mañana, las autoridades han lanzado un plan especial de seguridad, en colaboración con la Policía y el Ejercito, para que se repitan los incidentes con los que se inauguró el juicio en agosto, cuando hubo decenas de heridos en choques entre partidarios y opositores de Mubarak.