La Procuraduría General de la República solicitó congelar cualquier cuenta bancaria en México del ex gobernador del estado norteño de Tamaulipas, Tomás Yarrington, señalado por fiscales estadounidenses de haber recibido millones de dólares en sobornos de carteles del narcotráfico e invertirlos en propiedades en Texas.

Un funcionario de la Procuraduría, no autorizado a ser identificado por nombre por tratarse de un caso en curso, dijo el viernes a The Associated Press que la institución hizo la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ubique y congele cualquier cuenta relacionada con Yarrington.

La solicitud es parte una investigación en México derivada de solicitudes hechas por autoridades de Estados Unidos en torno a indagatorias propias contra Yarrington, quien tras ser señalado de haber recibido dinero del narcotráfico fue suspendido de sus derechos como miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un grupo político que gobernó el país de 1929 al 2000.

Fiscales estadounidenses solicitaron hace casi dos semanas la confiscación de propiedades de Yarrington en Estados Unidos, que incluyen un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18,6 hectáreas en San Antonio. El caso no había llegado a instancias penales y la petición de confiscación fue hecha en el ámbito civil.

El abogado del ex gobernador en el caso estadounidense, Joel Androphy, ha dicho que su cliente no tiene ninguna conexión con las propiedades y sugirió que otros sospechosos en investigaciones federales lo han implicado para mejorar su propia situación.

Androphy criticó el viernes la solicitud de congelar sus cuentas en México y consideró que responde más a motivos políticos que legales.

"Es su dinero y no tienen derecho a él. No tienen acusaciones criminales allá (en México) en contra de él", dijo a la AP el abogado.

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004 y ya había sido señalado de haber recibido dinero de los carteles de las drogas del Golfo y Los Zetas por cuatro testigos de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

Según uno de los casos presentado en Corpus Christi en busca de la confiscación de sus bienes, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial de un condominio de 450.000 dólares en South Padre en 1998.

La propiedad fue puesta a nombre de esa persona, identificado como Napoleón Rodríguez, para evitar la detección de la Policía, según los fiscales.

Yarrington también fue alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995.

El funcionario de la PGR dijo a la AP que Rodríguez fue detenido hace unos días en México y un juez autorizó que quedara al menos 40 días bajo "arraigo", una figura jurídica que permite a las autoridades mantener retenido a alguien sin necesidad de presentar cargos formales mientras robustece alguna investigación.

Rodríguez aceptó ante fiscales mexicanos haber recibido dinero de Yarrington para adquirir el condominio, dijo el funcionario de la Procuraduría.

Refirió que además de Rodríguez, autoridades mexicanas detuvieron a una mujer y otro hombre relacionados con el caso.

El mismo día que en Estados Unidos se divulgó la información sobre Yarrington, fiscales estadounidenses dieron a conocer una acusación contra el empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero del Cártel del Golfo para sobornar a funcionarios de en Tamaulipas a fin de garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.

La acusación contra Cano Martínez en Brownsville, por cargos de lavado de dinero, se basa en que tanto él como "uno o más socios de la confabulación no acusados formalmente" utilizaron un préstamo bancario de 6,7 millones de dólares para comprar una propiedad de 18,6 hectáreas en el condado de Bexar, del que San Antonio forma parte.

Cano era un empresario de la construcción de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, en donde su compañía recibió varios contratos de una serie de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo menos desde 1993.

La PGR también busca a Cano.

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Contribuyó con esta nota el periodista de The Associated Press Michael Weissenstein.