El Tercer Tribunal en lo penal de Santiago de Chile absolvió hoy a los seis últimos imputados en el llamado "caso bombas", que investigó la instalación de más de un centenar de bombas en la capital chilena desde 2006, informaron fuentes judiciales

Según el veredicto, que supone una dura derrota para la Fiscalía y el Ministerio del Interior, quedaron absueltos Francisco Solar, Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guerra y Mónica Caballero, imputados por la colocación de artefactos explosivos de carácter terrorista.

También fueron exonerados Carlos Riveros y Omar Hermosilla, que afrontaban cargos por financiación terrorista.

Todos los imputados, según el veredicto unánime, quedaron en libertad, y junto a familiares y conocidos que colmaban la sala de audiencias estallaron en aplausos y vítores tras escuchar el dictamen.

Simpatizantes de los procesados, la mayoría habitantes en casas "Okupas" y vinculados a grupos anarquistas que para la Fiscalía estaban detrás de los atentados, gritaron consignas a favor de la libertad "de los presos políticos" en las afueras del tribunal.

La resolución se conoció tras una investigación que llevó la Fiscalía Sur de Santiago por seis meses, sin que, a juicio del tribunal, lograra acreditar los delitos imputados.

La indagatoria fue "parcial", según los jueces, que desestimaron los cargos terroristas presentados por el Ministerio Público.

La sentencia detallada se dará a conocer el próximo 2 de agosto.

Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía metropolitana sur, se abstuvo tras la audiencia comentar el veredicto y se limitó a señalar que esperará los fundamentos de la sentencia para determinar los pasos procesales a seguir.

En La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, coincidió en que una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia el Gobierno decidirás los pasos siguientes.

"Este fallo no pone fin ni debilitará el esfuerzo del Ministerio por procurar que los tribunales esclarezcan quienes son los responsables de las bombas que han causado la muerte de un compatriota, lesiones en otros y han dejado daños materiales", dijo Hinzpeter.

"La colocación y detonación de artefactos explosivos no es un hecho que se discuta, saber quiénes son los autores de dichos actos es algo que ha quedado pendiente", añadió en una declaración pública, tras la cual no aceptó preguntas.

El "caso Bombas" ha estado desde 2009 a cargo de tres fiscales y ha llegado a sumar hasta una quincena de imputados.

El juicio comenzó con el recrudecimiento de estallidos de bombas de fabricación artesanal en diversos puntos de Santiago, hasta que en mayo el joven Mauricio Morales murió al explotar una bomba que portaba cerca de la Escuela de Gendarmería (Servicio de Prisiones).

Tras la muerte de Morales el Gobierno intensificó la investigación y la policía logró la detención de varios supuestos autores en allanamientos de casas "Okupa" en diversos puntos de Santiago.

Tras la llegada al Gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, fue designado al frente del caso el fiscal Alejandro Peña, que un año después renunció y pasó a ocupar un puesto en el Ministerio del Interior.

El Ministerio Público no pudo demostrar el delito de asociación ilícita terrorista a los detenidos y en octubre de 2011 fueron sobreseídos trece imputados.

Desde entonces el caso se hizo cuesta arriba para la Fiscalía y el Gobierno y el pasado 24 de mayo el propio ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, debió comparecer, paradójicamente, como testigo de la defensa de uno de los imputados, ocasión en que negó haber tenido alguna injerencia en la investigación.

Algunos abogados defensores de los acusados han planteado desde hace tiempo que el caso era un montaje y tras el veredicto conocido hoy, no descartaron la presentación de acciones legales contra el ministro Hiznpeter y el exfiscal Peña.