Docenas de personas protestaron el jueves frente a la Secretaria de la Paz por el despido de los trabajadores encargados de investigar los archivos militares de la guerra civil, lo cual temen que represente el inminente cierre de esa sección de la dependencia presidencial.

Según un comunicado emitido por el Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Paz (Sitrasepaz), "las autoridades reformaron la dirección de los archivos y derivado de esto, se realizaron 17 notificaciones de despidos a los trabajadores del archivo".

Agregó que el cierre del archivo y el despido de los empleados busca "descartar por completo a los victimarios del conflicto armado interno, lo que evidencia las políticas de impunidad del actual gobierno", encabezado por el general retirado Otto Pérez Molina.

El archivo de la paz fue creado en el 2008 con la función de digitalizar y archivar todos los documentos desclasificados de la época de la guerra civil. Contiene expedientes que el ejército y la policía nacional crearon sobre posibles "subversivos marxistas" al igual que el diario militar donde aparecen nombres de docenas de desaparecidos del conflicto interno que devastó a la nación centroamericana durante 36 años.

Helen Mack, directora de la pro derechos humanos fundación Myrna Mack, explicó a The Associated Press que el contenido del archivo es clave para casos actualmente abiertos contra militares.

"Este archivo contiene planes militares utilizados por la fiscalía en los procesos abiertos en contra de (el ex dictador) Efraín Ríos Montt, además de publicaciones que pueden servir para miles de procesos de desaparecidos", señalo Mack.

Hasta el momento, el general retirado ha sido ligado a dos procesos de genocidio por dos masacres distintas.

El secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, dijo a la AP que la erradicación de los puestos laborales tiene que ver con una reestructuración de la secretaria.

"Yo estoy en un proceso de reorganización de la secretaria donde hay 30 puestos y un exceso de 300 contratos laborales para los cuales no tengo en este momento trabajo de investigación", explicó Arenales.

Negó que los despidos busquen entorpecer investigaciones de crímenes del conflicto interno.

"No hay ningún archivo que se está estudiando aquí y si (así fuera)... hacerlo es una función que le pertenece a los órganos judiciales y al ministerio público", dijo.

Manuel Vásquez, fiscal del ministerio Público que hasta hace pocos meses investigó al ex dictador Efraín Ríos Montt en uno de los procesos por genocidio, señaló que el problema es la falta de transparencia.

"Es totalmente normal que se hagan cambios. Pero el verdadero problema es que el 90% de los archivos aún son clasificados y ni siquiera el ministerio Público tiene acceso a ellos", explicó.

En abril, Vásquez testificó frente a la Corte Interamericana de Justicia en Guayaquíl donde dijo que "durante años existió una política dentro del ministerio Público de no investigar a militares".

Las hostilidades entre las fuerzas armadas y guerrillas marxistas terminaron en 1996 con un acuerdo de paz entre las partes, pero dejaron al menos 200.000 muertos y desaparecidos, según estableció una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas al terminar el conflicto.