La presidencia danesa de la Unión Europea ha informado hoy de un acuerdo con el Parlamento Europeo para remodelar el sistema de preferencias arancelarias (SGP), que implica excluir a Argentina y a otros países de renta media-alta de ventajas aduaneras desde 2014.

La presidencia también informó hoy a los ministros de Comercio de la UE, reunidos en un Consejo en Bruselas, de que ayer llegó a un acuerdo con la Eurocámara sobre la regulación que permitirá a la Comisión Europea (CE) coordinar los tratados bilaterales de protección de inversiones de los Estados miembros en terceros países.

"Efectivamente, se confirma el reglamento sobre el sistema de preferencias generalizadas. Y eso significa que el 1 de enero de 2014, sea cual sea la decisión que tome la Comisión Europea, (...) Argentina estará fuera del sistema de preferencias generalizadas", confirmó a la prensa el secretario de Estado español de Comercio, Jaime García-Legaz, al término de la reunión.

El acuerdo, que fue cerrado por el Consejo y los eurodiputados el 22 de mayo y que ha sido dado a conocer hoy, aún deberá ser aprobado oficialmente en el pleno de la Eurocámara.

El objetivo de esta regulación es centrar las ventajas aduaneras que concede la UE mediante su sistema SGP en los países más necesitados y excluir a los que hayan alcanzado una renta media-alta en los tres últimos años, según los datos del Banco Mundial.

La lista definitiva de países que siguen beneficiándose de las ventajas, de la que a día de hoy estarían excluidos Argentina, Brasil, Colombia o Perú, deberá ser cerrada por la Comisión en el momento en el que el reglamento entre en vigor, teniendo en cuenta las últimas cifras que emita el Banco Mundial.

Fuentes comunitarias confirmaron que Argentina estará fuera de esa lista, teniendo en cuenta la progresión de su renta en los últimos años.

Sobre la petición que había hecho España de excluir a ese país antes de 2014 como medida de respuesta a la expropiación de la petrolera YPF a Repsol, García-Legaz aseguró que la Comisión Europea va a seguir analizando esa posibilidad.

Por lo que respecta al acuerdo político sobre inversiones logrado por el Consejo y el Parlamento Europeo, y que igualmente deberá ser votado en el pleno de la Eurocámara, el secretario de Estado español afirmó que, "a partir de ahora, será más difícil que un país decida tomar decisiones de agresión contra las inversiones europeas en su territorio, porque ya no va a tener enfrente a un solo Estado miembro".

Fuentes diplomáticas explicaron que, mediante esa regulación, "se cierra la brecha" entre la nueva competencia que había adquirido la UE en materia de inversiones en el extranjero con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (en diciembre de 2009), que jurídicamente seguía en manos de los Estados miembros que habían firmado los tratados bilaterales.

En concreto, se garantizará el paso de la competencia de los acuerdos de los Estados miembros a la Unión, y que los acuerdos nacionales vayan siendo reemplazados progresivamente por pactos comunitarios.

Además, si un Estado miembro quiere negociar con un país con el que la CE no está negociando ya o no tiene previsto hacerlo, podrá hacerlo, pero pasando por la Comisión.

La regulación también establece normas y principios sobre la relación entre la CE y los Estados miembros de cara a la defensa de los intereses de los países comunitarios, aunque, si se ven amenazados, la acción jurídica estaría basada en el acuerdo bilateral, precisaron.