Una corte federal de apelaciones declaró el jueves que la Ley de Defensa del Matrimonio es inconstitucional porque niega beneficios federales a parejas homosexuales casadas, un fallo que terminará ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En su fallo unánime, el panel de tres jueces de la Corte Federal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston dijo que la ley de 1996 que define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer discrimina a las parejas homosexuales, ya que no les da los mismo derechos y privilegios que a las parejas heterosexuales.

El tribunal no se pronunció sobre otra disposición de la ley, políticamente combustible, la cual dice que los estados que no autorizan el matrimonio entre personas del mismo sexo no pueden ser obligados a reconocer las uniones homosexuales realizadas en estados donde sí es legal. Asimismo, no se le pidió pronunciarse respecto si las parejas homosexuales tienen derecho constitucional a contraer matrimonio.

La ley fue aprobada en un momento en que parecía que Hawai legalizaría el matrimonio gay. Desde entonces, muchos estados han establecido sus prohibiciones contra el matrimonio homosexual, mientras que ocho estados lo han aprobado, empezando por Massachusetts en 2004.

La corte de apelaciones estuvo de acuerdo con el fallo de un juez de primera instancia que dijo en 2010 que la ley es inconstitucional debido a que interfiere con el derecho de un estado a definir el matrimonio y niega a parejas homosexuales casadas los beneficios federales otorgados a las parejas casadas heterosexuales, incluyendo la capacidad para presentar una declaración de impuestos conjunta.

El Primer Circuito dijo que su sentencia no se ejecutaría, sino hasta que la Corte Suprema decidiera sobre el caso, lo que significa que las parejas del mismo sexo casadas no podrán recibir los beneficios económicos negados por la Ley de Defensa del Matrimonio hasta que se conozca el fallo de última instancia.

Eso es porque el fallo sólo se aplica a estados dentro del circuito, que incluye a Massachusetts, Rhode Island, Maine, Nueva Hampshire y Puerto Rico. Sólo la Corte Suprema tiene la última palabra para decidir sobre si una ley aprobada por el Congreso es inconstitucional.