La procuraduría de Egipto acusó el miércoles a los dos hijos de Hosni Mubarak, presos desde hace más de año y medio bajo cargos de corrupción, de uso indebido de información confidencial y los remitió a una corte penal para su proceso.

Un comunicado emitido por la procuraduría egipcia y transmitido por la agencia estatal de noticias dijo que ambos, junto con otras siete personas, obtuvieron ganancias millonarias ilícitas por la venta de un banco.

Mubarak y sus hijos, el otrora heredero del poder Gamal y el acaudalado empresario Alaa, ya están siendo enjuiciados por cargos separados de corrupción. Con relación a estos cargos se espera el veredicto el 2 de junio.

Todos ellos han estado en prisión desde abril de 2011, dos meses después de que Mubarak renunció al poder tras un levantamiento popular.

La declaración alegó que los hijos de Mubarak y los otros siete acusados obtuvieron ganancias ilegales de unos dos millones de libras egipcias, y que sus acciones violaron las regulaciones del banco central y del mercado de valores.

Los fiscales dijeron que los nueve se confabularon para comprar en 2006 una participación de 80% en el banco sin declarar tal participación a los reguladores del mercado de valores. Posteriormente intercambiaron esas acciones a través de fondos cerrados de inversión y empresas radicadas en el extranjero.

"Ellos ocultaron deliberadamente esta información esencial sobre la venta del banco a otros operadores para ejecutar su complot y violar los principios de transparencia e igualdad entre los inversionistas", dijo el comunicado. No se especificó el papel de cada uno de los nueve acusados.

Uno de los siete hombres acusados junto con los hijos de Mubarak es el hijo de Mohammed Hassanein Heikal, un conocido periodista político egipcio y confidente de mucho tiempo del finado líder egipcio Gamal Abdel-Nasser.

Aún está por anunciarse una fecha para el juicio y no se dio a conocer por el momento si ha sido arrestado alguno de los otros siete acusados en el caso.

Por otra parte, Mubarak está acusado de complicidad en la muerte de unos 900 manifestantes durante el levantamiento del año pasado y podría ser condenado a muerte de ser declarado culpable. Sus hijos no enfrentan esos cargos.