Una jueza rechazó una solicitud de la gobernadora de Arizona Jan Brewer para que anule parcialmente una de tres impugnaciones jurídicas que restan contra la ley estatal de inmigración de 2010, y dictaminó que la gente que presentó la demanda en cuestión tenía fundamentos para impugnar la ley debido a que argumentó debidamente que se vería afectada por su implementación.

El veredicto emitido el martes por la jueza federal de distrito Susan Bolton significa que las 10 personas que presentaron la querella pueden continuar con el proceso para intentar revocar la ley en su totalidad.

Los abogados de la gobernadora habían argumentado que quienes presentaron la impugnación no habían demostrado que serían perjudicados, ya que sus presuntos daños eran demasiado hipotéticos.

Los abogados de los demandantes aseveraron que sus clientes enfrentaban un mayor riesgo de ser detenidos por la policía bajo la ley debido a su apariencia y limitado dominio del inglés. Argumentaron además que dos secciones de la ley no pueden ser aplicadas de manera no racista.

La jueza Bolton escribió que era realista pensar que la policía se atendrá a características físicas y lingüísticas para aplicar dos secciones de la ley que ella misma bloqueó en 2010 impidiendo que fueran aplicadas.

Las cláusulas bloqueadas exigirían a la policía preguntar su condición migratoria a quienes sospechen que están en el país sin permiso, y permitirían a la policía arrestarlos sin orden previa en casos en que cometan delitos por los cuales puedan ser deportados de Estados Unidos.

La gobernadora había pedido que fueran descartadas las 10 personas que presentaron la demanda, pero no estaba buscando que se desechara a las 14 organizaciones que también fueron parte demandante en el caso. Bolton había concluido antes que esos grupos tenían fundamento legal, dijeron abogados de Brewer en documentos de la corte.