Expertos de instituciones judiciales de América Latina discuten hoy en Asunción el uso de las nuevas tecnologías en la lucha contra los delitos trasnacionales, con vistas a la próxima reunión interamericana de ministros de Justicia.

La V Reunión del Grupo de Trabajo de Asistencia Mutua Penal y Extradición, previa de la cita de ministros de Justicia de finales de noviembre en Quito, aborda las redes de cooperación para hacer frente a esos problemas, dijo a Efe el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Miguel Arrighi.

La Organización de Estados Americanos (OEA) propicia en esta capital la reunión de dos días que finalizará este viernes con la participación de expertos de organismos judiciales y de represión de delitos transfronterizos.

Arrighi explicó que los ministros de Justicia de América Latina "tienen una cantidad de aspectos en los que deben cooperar" y espacios como los de Asunción contribuyen a perfeccionar la acción judicial más allá de las fronteras.

"Nosotros lo que ponemos a disposición es una cantidad de nuevas tecnologías, el uso de nuevos medios de comunicación, los tratados interamericanos, y juntar a estas autoridades para que se conozcan y fortalezcan esa cooperación que siempre existió", destacó Arrighi.

Refirió que los países comparten problemas "cada vez más comunes" a partir del aumento de la migración y cuando esto ocurre se generan situaciones tan complejas como sencillas en el ámbito penal y de extradición.

Citó, por ejemplo, el caso del padre de familia que abandona a sus hijos sin pagar la pensión para trasladarse a otro país, por lo que se requiere de la colaboración de los jueces del país de destino para su seguimiento.

"Todo esta vinculado al crecimiento de las personas y a todo lo que tiene que ver con la criminalidad, cuando (ésta) traspasa las fronteras", consideró Arrighi al destacar que la tecnología al servicio de la Justicia también ha crecido al ritmo de las migraciones.

Arrighi abrió la reunión con una ponencia, a la que siguieron las del ministro paraguayo de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco; del vicecanciller paraguayo, Juan Esteban Aguirre, y del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.