Una comisión parlamentaria que investiga los supuestos vínculos de una mafia del juego ilegal con políticos brasileños acordó hoy citar a declarar al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Agnelo Queiroz, y al del vecino estado de Goias, Marconi Perillo.

Sobre ambos gobernadores pesan sospechas de que tendrían relación con los negocios del empresario Carlos Augusto Ramos, conocido como "Carlinhos Cachoeira", detenido desde febrero pasado y acusado de dirigir una mafia de casinos ilegales con operaciones en casi todo el país.

Perillo, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y Queiroz, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), aparecen citados en numerosas escuchas hechas por la policía en los teléfonos de "Cachoeira", y se sospecha que puedan haber tenido algún grado de participación en sus negocios.

La bancada oficialista, que tiene mayor peso en la comisión parlamentaria, logró aprobar la convocatoria de Perillo en forma unánime, mientras que en el caso de Queiroz la propuesta de citarle tuvo 16 votos a favor y 12 en contra.

"Hay indicios más contundentes en un caso y en otro, pero ambos gobernadores deben dar las explicaciones necesarias", declaró el diputado del PT Odair Cunha, quien oficia como instructor de la investigación del grupo parlamentario.

En la misma sesión, realizada en forma pública y transmitida por televisión, la comisión rechazó convocar al gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, a quien la oposición pretende pedir explicaciones por su relación con la constructora Delta, de la que se sospecha que integra la red de negocios de "Cachoeira".

En los últimos años, esa empresa se adjudicó millonarios contratos en diversos estados de Brasil y, en especial, en Río de Janeiro, ciudad que será subsede del Mundial de Fútbol del 2014 y organizará los Juegos Olímpicos en 2016.

Según sospecha la policía, Delta habría servido para blanquear parte del dinero obtenido por la mafia del juego y se habría valido de las influencias políticas de "Cachoeira" para obtener ventajas en las licitaciones públicas.

Por este mismo caso, y por sus supuestas relaciones con la mafia del juego, también está procesado judicialmente el senador opositor Demóstenes Torres, quien además enfrenta un juicio con miras a la pérdida de su mandato en la cámara alta.