La fiscalía brasileña pidió a las empresas Shell y BASF un depósito de 500 millones de dólares para compensar a más de un millar de trabajadores que habrían sido afectados por la contaminación de una planta de agroquímicos en el estado de Sao Paulo.

El pedido realizado el 25 de mayo se refiere a una demanda contra las dos empresas por la supuesta contaminación de una planta en la ciudad de Paulinia, en el interior del estado de Sao Paulo, donde trabajadores enfrentarían graves problemas de salud, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio Público del Trabajo de la ciudad vecina de Campinas, Rafael Almeida.

"Tenemos un conjunto de informes técnicos que confirman que el suelo (de la planta) está totalmente contaminado, el agua está totalmente contaminada y que la exposición de los trabajadores ocurrió masivamente", indicó Almeida a The Associated Press en una consulta telefónica.

Señaló que las evaluaciones médicas de los trabajadores revelaron un promedio de seis problemas de salud por persona, incluyendo cáncer de próstata, impotencia, dificultades de memoria reciente y problemas de tiroides.

Según Almeida, 61 ex trabajadores de la planta murieron en los últimos años y varios otros tuvieron hijos que nacieron con deficiencias de diferente tipo porque la exposición química "tiene el potencial de contaminar las próximas generaciones".

Ante ello, dijo, la fiscalía pidió con carácter de urgencia al Tribunal Superior del Trabajo ordenar a las dos empresas a depositar el monto de 1.000 millones de reales (500 millones de dólares al cambio actual) para que esté disponible para compensar a los trabajadores cuando ese tribunal resuelva la apelación de las compañías.

Paralelamente, pidió elevar el número de demandantes de 782 a 1.142 para incluir a los ex trabajadores tercerizados y autónomos, así como los hijos afectados, dijo Almeida.

Shell dijo en un comunicado que no ha recibido información sobre el pedido de depósito formulado por la fiscalía y se quejó de que "el asunto fue divulgado antes de cualquier decisión judicial respecto de su viabilidad".

La compañía aseguró que "viene cumpliendo la decisión judicial y efectuando las anticipaciones de los pagos relacionadas con los gastos médicos solicitados por las personas debidamente habilitadas en el proceso".

Una declaración de la BASF señaló también que no ha sido informado del pedido de depósito por parte de la fiscalía y que la empresa "continúa respetando las decisiones de la justicia sin perjuicio para la discusión del tema en las instancias superiores" de la justicia.

La fiscalía comenzó a estudiar el caso en 2001 y seis años más tarde, con las pruebas en sus manos, presentó la demanda en el tribunal laboral de Paulinia, donde estaba basada la planta de agroquímicos.

El tribunal condenó a las empresas a pagar el tratamiento de salud de los trabajadores afectados junto con una indemnización, todo lo cual alcanzó los 500 millones de dólares.

Las empresas apelaron a la segunda instancia de la justicia laboral, en la ciudad de Campinas, donde se ratificó la condena inicial y el monto de la indemnización.

Las compañías apelaron nuevamente ante el Tribunal Superior del Trabajo, en Brasilia, donde se aguarda una decisión.

Almeida dijo que el valor de la compensación en caso de que el Tribunal Superior del Trabajo ratifique la sentencia condenatoria, será superior a los 500 millones de dólares ordenados originalmente porque tendría que estar ajustado con las tasas de interés acumuladas desde 2010, cuando se emitió la primera sentencia.