El magistrado brasileño Gilmar Mendes acusó hoy al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser una "central de divulgación" de informaciones usadas para crear un clima de corrupción general antes de que la máxima corte comience a juzgar un escándalo que sacudió en 2005 la política del país.

"Él (Lula) recibió ese tipo de información de gente que lo subsidió con esa información y él creyó en ella", declaró a periodistas en la capital brasileña el alto magistrado, quien fue presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2008 y 2010.

Según Mendes, Lula divulgó esas informaciones y "el propio presidente actuó como una central de divulgación de eso".

El "mensalão", palabra que podría ser traducida como "gran mesada" y que se trataba de un esquema ilegal de captación de apoyo político con recursos públicos, deberá ser juzgado en los próximos meses por la máxima corte, de la que Mendes forma parte.

El escándalo llevó en la época a la renuncia de varios ministros, entre ellos José Dirceu, de Presidencia, y Antonio Palocci, de Hacienda, los más próximos al entonces mandatario Lula.

En total, serán juzgadas 36 personas, entre excongresistas, exministros, políticos, funcionarios públicos y empresarios.

Para Mendes, las informaciones apuntan a que miembros del STF, como él mismo, están envueltos en nuevos escándalos de corrupción.

"Claro que eso es un armadijo para crear un clima de corrupción general, era ese el objetivo", subrayó Mendes, que según informaciones de prensa habría viajado particularmente en un avión de propiedad de Carlos Augusto Ramos, conocido como "Carlinhos Cachoeira" y supuesto jefe de una mafia del juego ilegal.

Con esa información, de acuerdo con la revista Veja, Lula habría supuestamente "intimidado" a Mendes.

A pesar de negar el viaje a Alemania en uno de los aviones del empresario, junto al senador opositor Demóstenes Torres, Mendes admitió que en dos ocasiones lo hizo al estado de Goiás en aeronaves dispuestas por el legislador.

Torres admitió hoy su "amistad" con el supuesto capo del juego ilegal pero negó haber participado en sus negocios, como sospecha la Policía y por lo cual es objeto de un proceso con miras a su destitución.

Además, presentó su defensa ante el Consejo de Ética del Senado, que puede despojarle del mandato por sus vínculos con el empresario.