Familiares de acusados de un supuesto complot para matar en 2009 al presidente boliviano, Evo Morales, incluidos europeos, pidieron hoy a la ONU, la OEA y otras instituciones que envíen delegados al juicio oral que comenzará mañana en La Paz para garantizar su "imparcialidad".

Los familiares enviaron una carta a los representantes en Bolivia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo a Efe uno de los abogados defensores, Gary Prado Arauz.

Agregó que también han pedido a la Defensoría del Pueblo, al cardenal Julio Terrazas y Amnistía Internacional que manden delegados al juicio, que se ha prolongado más de tres años entre denuncias de irregularidades y manipulación gubernamental.

Prado Arauz defiende a su padre, el general jubilado Gary Prado Salmón, uno de los 39 acusados del supuesto complot, afamado por capturar en 1967 al guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara.

"Hemos sido víctimas de violaciones a nuestros derechos y garantías y pedimos que en esta fase, que es la definitiva del proceso, estén presentes ellos (los observadores internacionales) para que se nos garantice un juicio imparcial", dijo.

El caso data de abril de 2009, cuando la Policía afirmó que había desarticulado una banda terrorista en una operación en Santa Cruz en la que murieron el húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa, supuesto jefe de la trama, junto con el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

En dicha operación fueron detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el croata boliviano Mario Tadic, mientras que varios políticos y empresarios de Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia, fueron acusados de financiar a la supuesta banda.

Los 39 procesados están acusados de sedición y terrorismo, de un presunto plan para asesinar a Morales y de formar milicias para la secesión de Santa Cruz, región fronteriza con Brasil y Paraguay.

La oposición, parte de la prensa boliviana y cables de diplomáticos estadounidenses difundidos por WikiLeaks han puesto en duda la trama terrorista, al tiempo que se han difundido información y vídeos sobre un supuesto montaje del caso por agentes gubernamentales.

Diecisiete acusados salieron del país -algunos asilados y otros prófugos- y denunciaron persecución política del Gobierno, lo que niegan las autoridades.

Mañana comenzará el juicio oral con la posesión del jurado ciudadano, pero se cree que no seguirá la vista, ya que la defensa de varios acusados pedirá el traslado del proceso a Santa Cruz, donde supuestamente se descubrió la banda armada.

Los acusados dicen que el cambio de jurisdicción garantizará "el derecho a la igualdad de todos los procesados", según Prado Arauz, mientras que el Gobierno alega que el juicio será en La Paz por tratarse de un atentado contra la seguridad del Estado.

Prado Arauz dijo que el populista y nacionalista Morales vio "como un afán desestabilizador" la demanda de más autonomía para Santa Cruz que hicieron los líderes de esa región en 2008 y 2009.

Agregó que en el juicio demostrará que el supuesto complot fue "configurado por acción política del Gobierno", para tener el justificativo jurídico" y procesar a sus opositores.

El juez Claudio Tórrez, presidente del tribunal, declaró a los medios que los acusados que no se presenten mañana serán declarados "rebeldes", aunque si alguno justifica su inasistencia por motivos de salud la audiencia deberá suspenderse.

Analistas y fuentes diplomáticas dijeron a Efe que ni los acusados ni el Gobierno de Morales, acosado por múltiples conflictos, parecen interesados en que el caso avance rápido.

El asesor jurídico del ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, señaló hoy que "se ha cumplido con todas las formalidades", por lo que ese despacho "considera que no existe argumento ni motivo alguno para que se suspenda" el proceso.

El vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento húngaro, Gergely Gulyás, exigió la libertad de Tóásó tras una reciente visita a Bolivia, luego de que alegó que el caso está politizado, que es ilegal su detención de más de tres años sin una sentencia y que Bolivia no cumple sus propias leyes.

El gobernador de Santa Cruz, el autonomista de derecha Rubén Costas, dijo que él sí cree que en este caso "ha habido terrorismo, pero de Estado", y agregó que este proceso ha sido utilizado por Morales para amedrentar a sus opositores.

Costas afirmó que todo fue un "ardid", que Rózsa fue usado para colapsar el movimiento democrático que vivía Bolivia por las Autonomías, pero que se incrustaron radicales para desvirtuarlo.

La defensa de Mario Tadic espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre una denuncia contra el Estado boliviano por torturas, dijo a Efe su abogado, Gerardo Prado.

Uno de los acusados que estaba prófugo, Alejandro Melgar, fue detenido en abril en Montevideo cuando intentaba viajar a Brasil y las autoridades bolivianas dijeron que han pedido su extradición, pero ese proceso puede tardar años.