El Gobierno británico de David Cameron ha decidido matizar sus planes pensados para que más juicios civiles se celebren a puerta cerrada, tras la fuerte oposición de los liberaldemócratas, sus socios en la coalición.

El ministro británico de Justicia, Kenneth Clarke, informó hoy de que estos planes -contenidos en el llamado proyecto de ley sobre Justicia y Seguridad- han sido "matizados y mejorados".

En el Reino Unido los juicios se celebran en público pero Cameron quería que ciertos procesos civiles, como los que pudieran afectan a espías británicos o los que desafiaran determinadas decisiones ministeriales se llevaran a cabo a puerta cerrada.

También se quería que fueran los políticos y no los jueces quienes decidieran sobre si esos procesos debían ser secretos o no.

A raíz de la fuerte oposición de las organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los políticos liberaldemócratas, las propuestas originales contenidas en el proyecto de ley han sido suavizadas y sólo se considerará que sean juicios a puerta cerrada aquellos que afecten directamente a la seguridad nacional.

Además, serán los jueces y no los políticos los que decidan si las pruebas en estos juicios civiles se estudian en secreto.

Clarke siempre ha estado a favor del "secreto" en casos como las pruebas presentadas ante los tribunales británicos procedentes de material delicado de la CIA, la agencia de inteligencia de EEUU.

En tanto, el viceprimer ministro liberaldemócrata era partidario de que los jueces y no los ministros decidieran si un determinado juicio debe ser a puerta cerrada o no.

El Gobierno argumentaba que hay casos judiciales que deben ser resueltos fuera de los tribunales para evitar que ciertas pruebas sensibles obtenidas por los servicios de contraespionaje MI5 y los de espionaje MI6 salgan a la luz pública.

Este proyecto había sido controvertido y fue duramente criticado por la organización "Liberty", que defiende las libertadas civiles.

Otro proyecto de ley muy criticado es el relativo a la lucha antiterrorista, que pretende que el servicio de escuchas secreto de Cheltenham (oeste de Inglaterra) tenga acceso a las llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto de cada uno de los ciudadanos de este país.