El Congreso de Colombia avanza, en medio de la polémica, hacia un marco legal que permitiría negociar la paz tras casi 50 años de conflicto a partir de nuevos instrumentos que facilitarían la desmovilización de los alzados en armas.

El llamado Marco Jurídico para la Paz, que implica una reforma constitucional, entrará la semana próxima en una fase decisiva en el Senado tras superar seis de ocho debates y tener ya el visto bueno de la cámara baja.

La iniciativa está dirigida principalmente a las guerrillas de las FARC y ELN, pero también a los agentes del Estado que hayan cometido crímenes, quienes serían sometidos a una instancia jurídica especial.

Su presentación partió del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los ponentes oficialistas aspiran a que se apruebe antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura.

El proyecto ha avanzado pese a las críticas de distintos sectores que van desde organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional hasta políticos derechistas, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que advierten de que abriría paso a la impunidad.

Por el contrario, el director para América Latina y el Caribe de la organización International Crisis Group, el peruano Javier Ciurlizza, cree que la mayor virtud del Marco para la Paz es resucitar el debate político en torno a un proceso de paz en Colombia.

"Volver a hablar de paz en un sentido de negociación o de sometimiento, cualquier mecanismo es bueno para que el país discuta qué tipo de paz quiere", indicó Ciurlizza, quien reclamó que ese punto debe aclararse a priori, dado que el texto no deja claro qué modelo propone.

El que fuera secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú y uno de los autores del informe final sobre la guerra interna que se libró en ese país recordó que el marco legal que se discute en Colombia ofrece el primer debate sobre la paz desde las fallidas negociaciones con las FARC que se llevaron a cabo entre 1998 y 2002.

El senador oficialista y ponente de la controvertida norma, Roy Barreras, despejó algunas dudas y confirmó a Efe que no se contemplan indultos ni amnistías, aspectos que preocupan a los críticos.

Pero también dejó claro que bajo el nuevo escenario jurídico los guerrilleros no encontrarían "una escena de cárcel y justicia plena porque entonces no se desmovilizarían".

Lo que se va ofrecer es "una oferta de justicia alternativa, en la que los máximos responsables de los crímenes serán investigados y sancionados, mientras que el resto podrán desmovilizarse y reintegrarse socialmente", explicó Barreras.

La condición previa para un acuerdo de paz, según el texto, será la liberación de los secuestrados en poder de los grupos ilegales.

El criterio de prioridad preocupa al representante a la Cámara por el oficialista Partido de la U Miguel Gómez Martínez, quien en el programa "Cómo va la paz" de Canal Capital explicó su punto de vista.

"Las palabras clave del proyecto son ambiguas: máximo responsable, tratamiento diferencial, ambigüedad sobre participación de militares y selección", comentó Gómez al preguntarse si los excluidos de esa selección de casos graves quedarán en el olvido.

El Marco para la Paz busca aprender de los errores de la Ley de Justicia y Paz, por la cual el Gobierno de Uribe acordó la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero seis años después sólo se han dictado siete sentencias de entre más de 4.000 casos.

Ciurlizza recomendó crear una Comisión de la Verdad, tener en cuenta que la justicia transicional en Colombia es difícil porque el conflicto continúa, a diferencia de otros países, y además reforzar la reparación integral de las víctimas.

El Congreso colombiano tiene pendiente discutir si, una vez alcanzada la paz, los guerrilleros desmovilizados podrán acceder a cargos públicos, como aspira el ponente Barreras frente a la oposición en ese sentido del presidente Santos.

"Me parece difícil un diálogo de paz si a quienes les ofrecemos que cambien las balas por la palabra no les damos la palabra", opinó Barreras.

De una u otra manera, lo cierto es que Colombia podría tener en junio un instrumento jurídico que le permitan avanzar hacia el fin del conflicto armado.