La preocupación creciente en torno a la nacionalización de la entidad financiera Bankia y las dificultades de España para financiarse dispararon el lunes los intereses de la deuda a un alarmante nivel de quiebra, obligando al presidente del gobierno Mariano Rajoy a negar que el país necesite un rescate del sector bancario.

Rajoy pidió a la Unión Europa una clara apuesta de futuro por el euro y repitió que Bruselas debe garantizar la sostenibilidad de la deuda, en un mensaje al Banco Central Europeo para que compre deuda española, que el lunes escalaba a niveles similares a los que empujaron a Grecia, Irlanda y Portugal a solicitar un rescate.

El rendimiento de los bonos a 10 años subía al 6,42%, con el diferencial en 505 puntos básicos con respecto al bono de referencia de alemán.

Aunque no existe una regla general, una prima de riesgo superior a los 400 puntos y un interés constante de los bonos a largo plazo para financiarse en el torno de 7% marcan una línea roja de quiebra, que puede conllevar a la necesidad de un rescate.

"No va a haber ningún rescate de la banca española", dijo Rajoy en una inusual rueda de prensa en la sede del Partido Popular, en la que por primera vez desde que asumió la presidencia en diciembre se sometió sin límite de tiempo a preguntas de los periodistas.

"Con una prima en 500 puntos es muy difícil financiarse. Debe resolverse el problema de financiación, liquidez, crecimiento y sostenibilidad de la deuda de los países que estamos cumpliendo nuestros compromisos", agregó

La solvencia del conjunto del sistema financiero español se encuentra en entredicho tras la nacionalización de Bankia, el cuarto banco del país con 10 millones de clientes.

En ese sentido, Rajoy desvinculó la escalada de la prima de riesgo con la situación de Bankia, que el viernes reconoció que necesitará 19.000 millones de euros (23.840 millones de dólares) en capital público para sanear su balance de activos tóxicos, en lo que constituye rescate más caro de la historia de España.

De momento, el gobierno no ha decidido cómo inyectará ese dinero, aunque se baraja un posible aval del Estado a Bankia, para evitar una ampliación de capital en un entorno de máxima inestabilidad en los mercados,

Después de que el regulador suspendiera su cotización el viernes, Bankia regresó con un desplome del 21% a la Bolsa de Madrid, aunque a media sesión moderaba su caída al 12%.

"No vamos a dejar caer a ninguna comunidad autónoma ni entidad bancaria porque se caería el país", señaló Rajoy sobre la alarma que ha creado en el país la petición de Bankia.

El mandatario español recordó que Bankia es la octava entidad financiera nacionalizada desde el estallido de la crisis en el 2008 y aseguró que la inversión pública se recuperará cuando estos bancos salgan a la venta saneados.

El presidente del centroderechista Partido Popular recordó que España está haciendo grandes esfuerzos por cuadrar sus cuentas públicas y reducir su abultado déficit público del 8,9% al 5,3 del PIB a finales de 2012.

Además, defendió las dos reformas del sistema financiero aprobadas por el gobierno y encaminadas a hacer aflorar en los balances bancarios los 180.000 millones de euros (233.000 millones de dólares) en créditos, hipotecas, promociones y préstamos en alto riesgo de impago ligados al sector inmobiliario, cuyo colapso en 2008 ha generado un gran problema de liquídez.

Las reformas, que irán acompañadas de dos evaluaciones independientes, obligarán a los bancos a captar 84.000 millones de euros (105.550 millones de dólares) adicionales antes de final de año en provisiones para cubrir con dinero líquido tanto préstamos considerados tóxicos como también algunos de los sanos y al corriente de devolución.

"La decisión sobre Bankia y el conjunto de decisiones sobre el sector financiero dan tranquilidad porque suponen un ejercicio de transparencia", aseguró.

Además de los bancos, Rajoy dijo que su gobierno mantendrá su agenda reformista en la segunda mitad del año. La política de austeridad de los populares para reconducir el déficit ha ido acompañada de duros ajustes y subidas de impuestos en un país en recesión y con un desempleo del 24,4%.