Adentro de una de las cárceles más peligrosas y superpobladas de Honduras, los reos manejan un verdadero mercado, en el que ofrecen de todo, desde iPhones hasta prostitutas.

Se parece más a una ciudad acordonada que a una prisión convencional, en la que mapaches, perros, gallinas y cerdos se pasean libremente entre los puestos de alimentos, montañas de basura, arroyuelos de aguas negras y puestos de comida. Pero los guardias no usan cruzar una raya amarilla, la "línea de la muerte", para internarse en ese mundo y los reos no se aventuran al sector controlado por los guardias.

"Son los reos quienes gobiernan" el centro penitenciario, afirmó el subdirector del penal Carlos Polanco. "Nosotros sólo nos ocupamos de la seguridad exterior. Saben que si cruzan la línea podemos disparar".

La división extraoficial de poder que rige en el Centro Penal de San Pedro Sula se repite en todo el país, donde funcionan sistemas que permiten a los presos llevar negocios detrás de las rejas mientras las autoridades hacen la vista gorda a cambio de parte de las ganancias. Dicen que usan ese dinero para cubrir las necesidades de los penales.

"El estado nos da 13 lempiras por preso y día (unos 0,60 dólares) para alimentar a los internos. Con ese dinero se morirían de hambre y yo tengo que buscar la manera de completárselos", se justifica el administrador de la cárcel, Hugo Hernández.

El sistema de prisiones hondureño cuenta con un presupuesto anual de 18,5 millones de dólares para atender 24 centros penitenciarios que alojan a casi 12.000 reos mientras tienen una capacidad de 8.000, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Seguridad.

La subsecretaria del ministerio, Marcela Castañeda reveló que el 82% del presupuesto es para pagos y salarios y el 16% para alimentación. "Solo el 2% va a gastos que puedan mejorar las infraestructuras", admitió.

Hernández coincide en que para gastos de mantenimiento "no recibimos ninguna aportación diferente a la que los propios presos pagan como impuestos por los negocios".

La cárcel es, a fin de cuentas, una "ciudad autónoma" según el administrador, en la que los internos han conseguido generar un flujo de actividad económica que les mantiene vivos.

Esta cultura prácticamente garantiza que, incluso cuando episodios como un incendio que mató a 361 reos hace tres meses en otro penal enfocan la atención en los centros de detención, las posibilidades de cambio son mínimas,

Apenas un mes después del incendio en el penal de Comayagua, los reos de San Pedro Sula se rebelaron contra su líder, matando a 14 personas y apoderándose de la prisión durante tres semanas. Hace menos de dos semanas otro reo fue asesinado y 11 resultaron lesionados en una riña.

La AP visitó este mes la prisión de San Pedro Sula, que alberga 2.137 reos en una instalación que supuestamente admite 800. Los periodistas gestionaron el acceso a través del director del penal, pero tuvieron que recibir también el visto bueno del líder de los reclusos, Noé Betancourt, quien suministró ocho reos para que garantizasen la seguridad de los reporteros. Adentro del penal no había guardias, mujeres y niños se paseaban por puestos de venta de Coca Cola, frutas, camisetas, hamacas, zapatos y alfombras. Todos los días ingresan al penal unas 30 personas de afuera para trabajar en el mercado.

Los guardias generalmente ocupan un sector entre dos puertas con candados. Una de ellas comunica con el mundo exterior. Entre ese portón y el que comunica con la zona de las celdas se encuentra la línea amarilla. Los reos cumplen tan rigurosamente su compromiso de no cruzar esa raya que durante el día la puerta que da al mercado interno no está trabada.

Por la noche, los guardias sí traban las puertas que dan a las celdas, pero los reos tienen llaves, extintores y barras porque "en caso de que suceda un incendio o cualquier problema, los policías saldrían corriendo y nos dejarían aquí dentro", según explicó Betancourt.

Hombre robusto, de mediana edad, que dirigió la visita acompañado por su novia, Betancourt está a cargo de los nuevos reclusos y es quien les explica las tarifas que rigen en el penal, incluida una por el espacio de que dispondrán en la celda.

Los precios oscilan desde 1000 lempiras (unos 50 dólares) por el derecho a la peor de las literas hasta 15.000 (unos 750 dólares) por alojarse en el hogar más limpio y seguro de todos. Quien no puede pagar duerme en el suelo y está condenado a realizar los peores trabajos.

Betancourt fue elegido "coordinador" por los propios reos el mes pasado luego de que su predecesor cometiese el error de aumentar demasiado los precios.

El antiguo coordinador, Mario Enríquez, era detestado por abusar de los presos, golpear a los que no pagaban y colgar a otros del techo durante la noche, en que los perros les mordían los pies. Cuando subió los precios de las celdas, la comida y otros alimentos, iracundos reclusos lo decapitaron, le sacaron los órganos y le tiraron su corazón a su perro para que se lo comiese. Acto seguido mataron al perro, según reclusos cuyo relato fue confirmado por las autoridades.

Trece miembros de la banda de Enríquez fueron asesinados también y sus cadáveres fueron cubiertos por colchones a los que les prendieron fuego.

Luego de la matanza, los reos mantuvieron el control del penal durante tres semanas, sin permitir que las autoridades ni los bomberos pudiesen ingresar e investigar el incendio, de acuerdo con el fiscal John Mejía. Los cadáveres fueron entregados a los guardias.

En el caso del incendio de Comayagua, nadie ha sido responsabilizado de las muertes. El director del penal fue despedido, pero los guardias que huyeron y dejaron que los reclusos prendiesen fueron a sus celdas esa noche fueron asignados a otros centros penitenciarios, indicó Danny Rodríguez, el nuevo director del penal.

Rodrigo Escobar Bil, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que los presos de Honduras merecen un mejor trato.

"Es previsible que algo grave pueda ocurrir en el futuro en las cárceles hondureñas dado que la situación no ha cambiado respecto a la que existía hace tres meses", justo antes de las dos tragedias en San Pedro Sula y Comayagua que acabaron con la vida de 374 personas en febrero y marzo.

El último informe sobre Honduras del Subcomité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, publicado en febrero de 2010, dice que "la corrupción impregna todo el sistema de privación de libertad e involucra a todos los actores: el personal penitenciario, los reclusos y personas externas".

Así se asegura "el silencio, se previene la denuncia y se garantiza la impunidad".

La prisión de San Pedro Sula está atestada de reos, que a menudo duermen en literas pegadas una a la otra, en celdas enormes. Durante la visita, se pudo ver a reclusos que eran visitados por sus esposas y jugaban con sus hijos.

Empleados del penal con sacos azules no paraban un momento y entregaban comida, tabaco y dinero que los familiares enviaban a los reos. En un rincón ensayaba una banda con una guitarra eléctrica mientras otro grupo miraba por televisión un partido del Real Madrid.

Todo tiene un precio.

Desde las 75 lempiras (unos 3,5 dólares) semanales que cada preso paga por el aseo de los suelos hasta la reparación del aire acondicionado de la celda, pasando por una cerveza al triple de lo que vale en la calle, pasar una noche con una mujer o una botella de ron. Los beneficios se los reparten proporcionalmente quienes hacen el trabajo, los propietarios del negocio y la administración, detalla Polanco, el subdirector del penal.

La administración del penal se lleva 120.000 lempiras (6.000 dólares) al mes, con los que paga por el mantenimiento, la gasolina para transportar a los reos a los tribunales u hospitales y por una mejor comida, señaló Fernández, el administrador del penal.

Los funcionarios de los penales admiten abiertamente su complicidad con los reclusos y dicen que se trata de una realidad a la que no se le puede escapar en un país que gasta unos 250 dólares anuales por reo.

Mientras que "para algunos eso corrupción, para nosotros es la única manera de que esto no se caiga y estalle mañana", afirma Polanco.

El recluso Jorge Gutiérrez, que regenta uno de los restaurantes del penal, limpio, bien estructurado y con una carta de alimentos que no tiene nada que envidiar a los de la calle, explica, coincidiendo con muchos de sus compañeros, que "de ninguna manera quiero ser trasladado a un nuevo penal" porque si eso sucediese "perdería todos mis privilegios".

Gutiérrez paga 480 lempiras al mes (unos 25 dólares) como impuesto a la administración del penal y emplea a dos reos como camareros. "Cada uno de ellos cobra 400 lempiras al mes" (unos 20 dólares) "y además de generar empleo, con el beneficio que saco mantengo a mi familia en el exterior".

El reo explica que cuando reciba la carta de libertad puede "vender su restaurante" a otro preso "o cobrar un alquiler desde su casa, como otros dueños de negocios aquí dentro hicieron al salir libres".

El electricista Fernando Ceguera se despide de la visita explicando que ha leído en la prensa que el gobierno estudia la posibilidad de construir un nuevo penal a partir de un sistema de módulos en contenedores metálicos. "Escriba ahí que los contenedores son para los animales, si nos trasladan de aquí, la primera noche le prendemos fuego y vendemos el material como chatarra", dice.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el gobierno hondureño prácticamente dejó el sistema penitenciario librado a su suerte. Sus conclusiones son similares a las que se sacaron luego de un incendio ocurrido en el mismo penal en el 2004 en el que murieron 107 reos: las cárceles están superpobladas, con sistemas eléctricos recargados y no tienen personal adecuado para responder a una crisis.

"Honduras es un país con pocos recursos", explica el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, agregando que el país le pidió al Fondo Monetario Internacional mayor flexibilidad en la concesión de créditos para poder hacer frente al problema de las prisiones.

En Comayagua el fuego de propagó rápidamente, alimentado con ropa, camas, aceite de cocina y otras pertenencias de los reclusos.

Las mismas condiciones existen en San Pedro Sula, donde la comisión de derechos humanos también condenó la deplorable falta de higiene, de comida adecuada y de agua potable.

Fernando Ceguera, el preso electricista que se ocupa del mantenimiento de las instalaciones, muestra uno de los doce transformadores que distribuyen la energía al interior del penal. "Pierde aceite desde hace días y está totalmente saturado por más de 20 tomas que alimentan a la celda más grande de todas".

Ceguera advierte que cuando llueve no dejan de salir chispas y pierde aceite. "Puede estallar en cualquier momento".

Para el subdirector Polanco, la tragedia es inevitable. "Si no sucede este año, sucederá el año que viene, pero sucederá, estoy seguro".

La subsecretaria de estado de Seguridad, Marcela Castañeda, en tanto, dijo en Washington que al menos dos penales tienen peores niveles de hacinamiento que los que se incendiaron y amotinaron en febrero y marzo.

"Mientras en San Pedro Sula tiene un nivel de hacinamiento del 177%, en el centro penitenciario de El Progreso se sufre una superpoblación del 235% y en La Esperanza del 206%".

La funcionaria indicó que se está planificando la construcción de dos penales nuevos, pero los proyectos no están avanzados ni tienen asegurada su financiación. El comité para construir un nuevo penal en San Pedro Sula existe desde 10 años y aún no ha conseguido siquiera que el estado le transfiera los terrenos para levantarlo y sacarlo de su ubicación actual, en pleno centro de la ciudad.

El coordinador de reos Betancourt, en tanto, relata que "estamos diseñando los plazos y cotizando precios de materiales para levantar dos nuevas celdas en el interior del recinto, añadiéndole un segundo piso a la iglesia y el comedor".

Según el coordinador, "de esa manera, trabajando nosotros, y con apenas 10.000 dólares, en tres meses podemos ampliar la capacidad del recinto en unos 500 internos".