La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador instó hoy a investigar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, cuya impunidad sigue siendo un "presente muy grave", tal como lo señaló recientemente Amnistía Internacional (AI).

El informe anual de AI, divulgado el miércoles en Londres, indicó, entre otras cosas, que en este país centroamericano persiste la impunidad por las violaciones de los derechos humanos ejecutadas durante la guerra civil interna (1980-1992).

El titular de la PDDH, Óscar Luna, dijo a Efe que el señalamiento de AI "representa un presente muy grave" porque ubica a El Salvador entre los países que siguen "siendo violadores de los derechos humanos".

"Por otro lado, demuestra también que no ha habido la voluntad política de querer entrarle a investigar estos hechos", como el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, su empleada y la hija de ésta, en 1989 por efectivos del Ejército salvadoreño, destacó a manera de ejemplo.

Luna reconoció que el actual Gobierno, en manos de la extinta guerrilla y ahora partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ha dado "pasos mínimos" para intentar terminar con la impunidad con los pedidos de perdón hechos por el presidente Mauricio Funes por los crímenes perpetrados durante la guerra.

Sin embargo, indicó que ya es necesario pasar a la investigación de esos hechos para aclararlos de una vez por todas.

"Toda la impunidad" que se viene "arrastrando desde tantos años todavía existe porque no se ha podido investigar", indicó, al tiempo que enfatizó que "ha faltado también voluntad", incluso para "derogar la Ley de Amnistía".

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han solicitado la derogación de la Ley de Amnistía, promulgada en 1993 para proteger a todos los violadores de derechos humanos durante el conflicto armado.

Según el informe de AI, esa ley pretende impedir que cualquier persona, incluidos los miembros de la Fuerza Armada, rinda cuentas por violaciones de derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad.

También recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones le ha pedido al Estado salvadoreño derogarla y éste no ha cumplido.

El informe además critica que en agosto pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ejecutó una "alerta roja" emitida por Interpol a instancias de las autoridades españolas para la detención y extradición de los militares acusados de la matanza de jesuitas.

El Salvador dejó pasar la oportunidad de reivindicarse con la justicia nacional e internacional al no ejecutar esa orden y proteger a los militares, y luego también al denegar la CSJ su extradición a España, el pasado 8 de mayo, dijo Luna.

Era una buena oportunidad para mandar "signos de justicia", sentenció, aunque señaló que hay que respetar las decisiones de la Corte Suprema.

El informe de AI señala también los registros indecorosos realizados por efectivos militares en las cárceles salvadoreñas y que en el país se penaliza el aborto en todas sus formas.

Luna afirmó que esos "registros (indecorosos) han disminuido en alguna proporción", porque los militares fueron retirados de las revisiones en los centros penales, aunque siempre permanecen en los alrededores.

Lamentó que los militares fueron retirados después de la supuesta "tregua" entre pandillas para disminuir los homicidios, que se inició en marzo pasado, y no inmediatamente después de tantas denuncias hechas por la PDDH contra esos registros.

En cuanto al tema del aborto, sostuvo que es "bastante complicado", debido a las posiciones a favor y en contra, pero que debe ponerse en la agenda, sobre todo "cuando también otras instancias internacionales lo están señalando", sentenció.