La presidenta Dilma Rousseff ratificó el viernes una polémica reforma del Código Forestal, una ley de 1965 que regula el manejo de los bosques brasileños, pero vetó artículos que en su criterio otorgan amnistía a quienes deforestaron en áreas protegidas.

La decisión de la presidenta se produjo a menos de un mes de que Brasil sea sede de la conferencia mundial sobre desarrollo sustentable conocida como Rio + 20 en la que 193 países discutirán una agenda ambiental para las próximas dos décadas.

La votación del Código Forestal provocó una marcada división entre legisladores ruralistas y ambientalistas, un pulso que fue ganado en el Congreso por los sectores cercanos al agronegocio que lograron eliminar normas que exigen recuperar bosques talados ilegalmente en áreas de protección permanente, particularmente orillas de ríos.

El Código Forestal tiene entre sus principales disposiciones la protección forestal en propiedades privadas dentro de los principales ecosistemas brasileños.

Así, establece que 80% de propiedades productivas en la Amazonia deben ser preservadas, así como 35% de la sabana tropical conocida como Cerrado y 20% para otros ecosistemas.

El senador Jorge Viana, relator del proyecto en el Senado, consideró que los vetos de Rousseff permiten integrar las preocupaciones ambientales con las productivas.

"El veto elimina la amnistía para quien deforestó, no permite nuevas deforestaciones y con eso trae de vuelta los bosques" en las orillas de los ríos, explicó.

Los vetos de la presidenta apuntaron a exigir la recuperación de esos bosques, con exigencias mayores para grandes propiedades y menores para pequeños propietarios.

"No hay amnistía para nadie, todos tendrán que contribuir con la recuperación de los bosques destruidos, pero se hará tomando en cuenta el tamaño de la propiedad", explicó el ministro de Desarrollo Agrario, Pepe Vargas, durante la presentación de la decisión presidencial en conferencia de prensa en el palacio de gobierno.

El abogado general de la unión, Luis Inácio Adams, responsable legal del gobierno, precisó que la presidenta vetó 12 artículos e incluyó 32 modificaciones al texto que serán subsanadas mediante una medida provisional, un tipo de decreto presidencial que debe ser sometido a votación del Congreso, el cual será publicado lunes en el Diario Oficial de la Unión (la gaceta oficial).

La presidenta mostró su preferencia por la versión del código aprobado por el Senado, que establecía las áreas de protección de 30 a 500 metros de bosque a las orillas de los ríos, variables según el ancho del afluente. La versión aprobada por la cámara baja en abril únicamente contempla la recuperación de 15 metros de bosque en ríos de hasta 10 metros de ancho.

Quien no acata la disposición se expone a una multa y los bancos públicos estarán impedidos de concederles créditos.

Los bosques en las orillas de ríos son considerados fundamentales para la protección del agua e impedir inundaciones en casos de fuertes lluvias, pero en gran parte de Brasil fueron derribados para ser ocupados por cultivos y ganado.

El diputado Rubens Moreira Mendes, líder de la bancada ruralista de la cámara baja, defendió la versión votada por sus colegas y rechazó que promueva la amnistía de la tala ilegal.

"Esta es una ley construida democráticamente que el Congreso aprobó después de muchos años de discusión en todos los niveles, con la sociedad, con los ambientalistas, con los productores. Es una ley que refleja la diversidad de esta gran nación", manifestó Moreira Mendes.

Consultado si intentarían revertir el veto presidencial, el diputado se limitó a decir que el parlamento se reserva el derecho de examinar la decisión de Rousseff. Los legisladores tendrán 120 días para pronunciarse sobre los vetos.

"Este no es el código de los ambientalistas ni el código de los ruralistas. Es el código de los que creen que es posible producir alimento y preservar el medio ambiente", afirmó el ministro de Agricultura, Jorge Ribeiro Mendes.

La decisión de Rousseff se produjo en medio de una intensa campaña de ambientalistas que llegaron la noche del jueves frente al presidencial Palacio del Planalto donde colocaron velas para formar las palabras "Veta Dilma".

La organización ambientalista World Wildlife Fund (WWF) advirtió que el veto parcial, y no total, hará más difícil la aplicación de las disposiciones del código.

"La decisión de la presidenta Rousseff crea un futuro incierto para los bosques brasileños, porque el Congreso podría reducir aún más las protecciones forestales", advirtió Jim Leape, director internacional de WWF.