Una profesora de Nuevo México ordenó a una adolescente 13 años que dejara de hablar con una amiga y que se trasladara al siguiente pupitre. La menor se negó y la maestra llamó a la policía.

Es uno de los miles de casos en todo el país que alimenta un palpitante debate sobre cuándo debería llamar el personal docente a la policía para que detenga a un estudiante revoltoso. Una niña de 6 años de en una escuela de enseñanza elemental de Georgia fue también llevada esposada a un centro de detención tras protagonizar una destructiva rabieta en clase.

"Los niños están siendo detenidos por ser niños", dijo Shannon Kennedy, un abogado de derechos civiles que inició una demanda consolidada contra el distrito de enseñanza pública de Albuquerque y su departamento de policía en nombre de centenares de menores detenidos por faltas leves en los últimos años, como tener teléfonos celulares en clase, destrozar un libro de historia o inflar un condón.

Los defensores de los derechos civiles y especialistas en la justicia penal creen que un profesorado frustrado y la cúpula de las escuelas recurren a la policía con demasiada frecuencia ante los menores incidentes. Empero, otros profesores sostienen que la creciente presencia policial es el resultado de la política de tolerancia cero de la década de 1990 y de tragedias como las de la matanza de la escuela de Columbine, y tiene por fin garantizar la seguridad de profesores y alumnos.

Desde el acoso sexual en las escuelas elementales y secundarias a niños que arrojan muebles en un arrebato de ira "hay una actitud crónica entre los alumnos a los que básicamente les importa todo un comino", dijo Ellen Bernstein, presidenta del sindicatos de maestros de Albuquerque.

Los especialistas destacan varios factores en esas detenciones: algunos agentes no han recibido entrenamiento especial. Los directores de las escuelas están desesperados por llamar la atención de los padres que no se preocupan de sus hijos. Y los profesores no están al tanto de que llamar a la policía podría terminar en la formulación de una denuncia delictiva grave.

"Tuve durante algún tiempo recelos de que las escuelas hubiesen recurrido excesivamente a los agentes policiales para encarar problemas disciplinarios", dijo Darrel Stephens, ex jefe policial de Charlotte, Carolina del Norte y director ejecutivo de la Asociación de Jefes de Policía de Ciudades Importantes.

En Milledgeville, Georgia, una ciudad de 18.000 habitantes situada a 144 kilómetros (90 millas) de Atlanta, Salecia Johnson fue acusada de arrancar varios objetos de una pared, arrojar libros y juguetes durante una rabieta en la escuela elemental Creekside. La policía dijo que lanzó además una pequeña alacena que golpeó a la directora del centro en una pierna, se encaramó en una trituradora de papel e intentó romper una foto enmarcada.

La policía no aclaró el motivo de la rabieta. La superintendente escolar del condado de Baldwin, en Georgia, Geneva Braziel tildó el comportamiento de "violento y entorpecedor" y agregó que fue requerida la policía para garantizar la seguridad de la estudiante, sus compañeros de clase y el personal docente.

Salecia fue esposada y trasladada en un vehículo policial a una comisaría, y fue llevada a la sala de personal, donde le dieron un refresco. No será acusada de delito o falta alguna. Su tía, Candace Ruff, dijo que la muchacha se quejó de las esposas; "dijo que realmente le hacían daño en las muñecas". La política policial consiste en esposar a todo el mundo detenido sin consideración de edad, por razones de seguridad, dijeron los agentes.

En la Florida, el uso de la policía en las escuelas saltó a la palestra hace varios años cuando los agentes detuvieron a un niño de jardín de infantes que protagonizó una rabieta durante una prueba de contar golosinas. Este año fue propuesto un proyecto de ley que limita el uso de agentes en la detención de menores por faltas que no representen un peligro para la seguridad pública.

En Connecticut, desde marzo casi 1.700 estudiantes fueron detenidos, dos tercios por alteración del orden público, peleas menores y conducta pública impropia.

En Texas, un informe difundido en diciembre por la organización activista sin fines de lucro Texas Appleseed indicó que más de 275.000 citaciones judiciales no relacionadas con el tránsito rodado fueron cursadas anualmente a menores de edad.

En Albuquerque más de 900 de los 90.000 estudiantes del distrito escolar fueron referidos al sistema judicial en el año académico 2009-2010. De ellos, más de 500 fueron esposados, detenidos y llevados a centros de detención juveniles, dijeron las autoridades.

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Los redactores de Associated Press Dorie Turner y Jeff Martin en Atlanta, Jamie Stengle en Dallas, Michael Melia en Hartford, Conneticut, e Iván Moreno en Denver contribuyeron igualmente a este artículo.

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Jeri Clausing en Twitter: http://twitter.com/(hash)!/jericlausing