Los grupos ecologistas aumentaron hoy la presión en favor de que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vete el llamado Código Forestal, una polémica ley que tildan de "amenaza al medioambiente" y sobre la cual el Gobierno tiene plazo hasta mañana para decidir.

Rousseff deberá definir si sanciona o veta total o parcialmente el proyecto aprobado por el Congreso, que fue impulsado por grupos parlamentarios vinculados a grandes terratenientes y, entre otros puntos, abre paso a una mayor actividad agropecuaria en zonas ya degradadas, como la Amazonía.

El grupo ecologista Avazz informó que hoy entregó en la sede de la Presidencia brasileña un documento respaldado por dos millones de firmas recogidas por internet en todo el mundo, en el que pide que el Código Forestal sea vetado por completo.

"Pedimos el veto porque esa legislación representa un retroceso para Brasil y el mundo y porque está basado en un modelo que propone desforestar para desarrollar", dijo a periodistas Pedro Abramovay, portavoz de Avazz.

Abramovay indicó que, de los dos millones de firmas, 1,7 millones fueron recogidas en el exterior, y sobre todo en Alemania y Francia, lo que a su juicio demuestra "la preocupación mundial" sobre lo que puede suceder con la Amazonía si el Código es sancionado por la jefa de Estado brasileña tal como salió del Congreso.

Rousseff, según han adelantado algunos de sus ministros, tiene previsto vetar algunos de los puntos más polémicos del texto, pero eso no bastaría para aplacar a los ecologistas, que exigen a Brasil "más responsabilidad", incluso como organizador de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable Río+20.

Ese evento, que se propone congregar en junio próximo en Río de Janeiro a más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno para discutir políticas de desarrollo menos agresivas con el planeta.

El grupo Greenpeace, que desde hace meses mantiene una campaña que ha bautizado "Veta Dilma", reiteró hoy, mediante un comunicado, que la presidenta "tiene en sus manos el futuro de las selvas" y que la única opción "correcta" es rechazar el texto por completo.

La misma posición tienen, y ratificaron hoy a través de diversos medios, otros grupos ecologistas nacionales y globales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que también impulsa una campaña conocida como "Veta todo Dilma".

A esa presión en favor del veto total se sumó hoy la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), que divulgó una nota en la que denuncia que el texto aprobado por el Congreso puede ser motivo de demandas ante la justicia, pues contiene "serias inconsistencias" desde el punto de vista constitucional.

Los magistrados pidieron asimismo el "veto integral" del Código Forestal y alertaron de que sus "imprecisiones" causarán "avalanchas de demandas judiciales" que "intranquilizarán a los productores rurales, y sobre todo a los pequeños, así como a toda la sociedad".

Según los jueces, Rousseff debe mostrar su "elevado espíritu público" y vetar "en su totalidad" el documento, a fin de dar lugar a una nueva discusión en el Parlamento.

La misma opinión manifestó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), un organismo consultivo de la Presidencia, que alertó sobre el "grave impacto del Código Forestal sobre la seguridad nutricional de la población brasileña".

Según adelantaron fuentes oficiales, uno de los artículos que vetará Rousseff "con toda seguridad" es una amplia amnistía para hacendados que, en contra de las leyes actuales, desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas una intensa actividad agropecuaria.

Durante las últimas semanas, Rousseff ha tenido reuniones casi a diario con miembros de su gabinete para analizar el caso, y según ha dicho la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, estaría inclinada a vetar sólo parcialmente el proyecto.