La lucha contra el crimen organizado ha contribuido a los problemas "más graves" de derechos humanos en México en 2011 y los narcotraficantes, en particular, son aún los principales autores de crímenes violentos en ese país, advirtió hoy el Departamento de Estado.

En su informe anual sobre derechos humanos dirigido al Congreso, el Departamento de Estado dijo que en múltiples casos, las organizaciones del crimen trasnacional recurrieron a "tácticas brutales" contra la ciudadanía y, de hecho, "siguieron siendo los autores más significativos de crímenes violentos en el país".

En su lucha por controlar las rutas del narcotráfico, estos grupos no tuvieron objeciones en atacar a la población civil, al punto que participaron en tráfico de personas y la intimidación de periodistas y defensores de los derechos humanos, señaló el informe.

Tanto dentro como a veces fuera del marco de la lucha contra el crimen organizado, también las fuerzas de seguridad presuntamente "participaron en asesinatos ilegales, desapariciones forzosas, y casos de abuso y tortura", señala el documento.

Pese a algunos arrestos por corrupción, México siguió registrando en 2011, una "extensa impunidad" en casos de abusos de los derechos humanos por parte de funcionarios civiles y militares.

El informe, que por ley debió salir originalmente a finales de marzo pasado, mencionó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y a otras fuentes que el año pasado denunciaron delitos como secuestros, abuso físico, condiciones paupérrimas y de hacinamiento en las cárceles y arrestos y detenciones arbitrarias.

Estos grupos también constataron problemas de corrupción y falta de transparencia que "engendraron impunidad dentro del sistema judicial", además de confesiones extraídas mediante la tortura.

Además de mencionan, entre los problemas en México el año pasado, los asesinatos de mujeres, la violencia doméstica y las amenazas y actos de violencia contra periodistas, que en algunos casos llevaron a la autocensura.

También hubo tráfico de personas, discriminación de miembros de grupos indígenas y trabajo infantil, dijo el informe.

El análisis fue divulgado en unos momentos en que el tema de seguridad está en el centro de la contienda electoral en México, que el próximo 1 de julio elegirá a un nuevo presidente para otro sexenio.

La violencia del narcotráfico, así como la lucha contra las organizaciones delictivas en México, han dejado unos 50.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón desplegó al Ejército a los estados más afectados por el crimen organizado.