El Gobierno de Estados Unidos denunció hoy el "deterioro" de la situación de los derechos humanos en China y la "negativa" del Gobierno de Irán a conceder libertades a sus ciudadanos.

En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo relativo a 2011 y publicado hoy, el Departamento de Estado destacó el "acoso" que sufren muchos miembros de la sociedad civil en China y la "represión en todas las formas de disidencia" por parte del régimen iraní.

El Gobierno de China, por su parte, "ejerció un férreo control del acceso y contenidos de Internet", y "acosó y detuvo a miembros de la sociedad civil, incluidos activistas de derechos humanos, periodistas, escritores y disidentes", en un clima en el que retrocedieron las libertades de expresión, asamblea y asociación.

Esas libertades, junto a las de movimiento y religión, se vieron también perjudicadas en Irán, donde el Gobierno "sentenció a cientos de personas a muerte y desarrolló cientos de ejecuciones sin debido proceso", además de "torturar a prisioneros políticos".

En el informe también destacan las violaciones de derechos humanos en Siria, donde el régimen de Bachar Al Asad usó una fuerza "indiscriminada y mortal" para "aplacar a los protestantes pacíficos" y lanzó ataques militares en todo el país, en un contexto de represión a la libertad de expresión y al activismo político.

Además, el Gobierno estadounidense criticó la creciente "concentración de poder" en el poder Ejecutivo en Venezuela porque, a su juicio, dificulta la libertad de expresión y penaliza la oposición política.

Y sobre Cuba señaló que el Gobierno de Raúl Castro "continuó su represión sistémica de los derechos humanos y las libertades fundamentales" en 2011, e impuso restricciones "severas" a los medios de comunicación, mientras que "aumentó la frecuencia" de las detenciones "arbitrarias" de activistas de derechos humanos.

El informe, que bajo las leyes de EE.UU. debió salir a finales de marzo pasado pero no se envió hasta hoy al Congreso, sirve como guía para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país.