Las tensiones sociales aumentaron el año pasado en Bolivia, donde se produjeron reiteradas marchas de protesta por cuestiones económicas y en defensa de los derechos indígenas, en las que hubo numerosos heridos y detenidos, según el último informe difundido en Londres por Amnistía Internacional (AI).

No obstante, por primera vez en la historia de Bolivia se llevaba a juicio civil a oficiales del ejército, acusados de violaciones de derechos humanos por su participación en el caso "Octubre Negro", en 2003, agrega AI.

Este país sudamericano con poco más de diez millones de habitantes, de los cuales un 60 por ciento se identifica con la población indígena, ha padecido enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes indígenas que iniciaron una marcha de 580 kilómetros desde Trinidad (departamento del Beni) hasta La Paz.

Decenas de personas resultaron heridas en esa marcha, organizada el pasado 25 de septiembre, para protestar por la construcción de una carretera que atravesaba el Territorio Indígena protegido y el Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS).

Ese proyecto gubernamental "vulneraba", según AI; las garantías constitucionales de los pueblos indígenas, las leyes de conservación del medio ambiente, abría la zona a las industrias extractivas y fomentaba la deforestación y la producción de coca.

El presidente boliviano, Evo Morales, se vio obligado a cancelar el proyecto en octubre, se produjo la dimisión de los ministros de Defensa y de Gobierno y el arresto domiciliario del subcomandante de la Policía Nacional que ordenó el desmantelamiento del campamento indígena de Yucumo.

También, por primera vez, el pasado agosto se dictaron sentencias contra siete ex oficiales y dos ex ministros por violación de derechos humanos en los sucesos de "Octubre Negro" en 2003, en los que murieron 67 personas y más de 400 resultaron heridas en las protestas registradas en El Alto, cerca de La Paz.

Además, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros huidos a Estados Unidos tras los sucesos estaban pendientes de extradición.

Sin embargo, fueron anulados los cargos de tortura y malos tratos contra varios oficiales y miembros de la Policía Nacional implicados en diversos incidentes con manifestantes en los años 2009 y 2010 y permanecen bajo jurisdicción militar los instructores de la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCOBOL), en Sanandita (Torija).

Siguieron eludiendo la acción de la justicia, recuerda AI, los responsables de violaciones graves de derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas antes de la restauración de la democracia en 1982, a pesar de que en 2010 se había ordenado la desclasificación de los sumarios.