La impunidad fue nuevamente en 2011 la "norma" ante las violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica, afirmó Amnistía Internacional (AI).

En su reporte sobre la situación mundial de los derechos humanos, el organismo internacional señaló que si bien hubo algunos avances que incluyeron la creación de una comisión de la verdad en Brasil y penas para ex oficiales en Argentina y Bolivia, esos fueron casos excepcionales.

"La impunidad por violaciones de derechos humanos siguió siendo la norma", señaló AI.

Dijo que muestras de la falta de castigo ante violaciones es que en México se mantenga en "punto muerto" las acciones judiciales contra responsables de violaciones a derechos humanos entre las décadas de 1960 y 1980, o que en Colombia no haya recibido castigo la ex directora de la policía secreta María del Pilar Hurtado, implicada en un escándalo de escuchas y amenazas contra detractores del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y pese a lo cual en 2010 obtuvo asilo en Panamá.

"La dificultad para conseguir que se respetaran los derechos humanos se vio exacerbada a menudo por homicidios y amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, testigos, abogados, fiscales y jueces en países como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela", señaló el reporte.

Criticó que algunos gobiernos utilizaran la preocupación en materia de seguridad y altos índices delictivos, "para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad al responder a actividades delictivas o a grupos armados".

Por ejemplo, señaló, el gobierno de México "cerró los ojos" frente a reportes de tortura, desapariciones forzadas, homicidios y abuso de la fuerza por parte del ejército en el marco de su lucha contra el narcotráfico.

En Brasil, consideró que la actuación de sus cuerpos de seguridad se caracterizaron "por la discriminación, los abusos contra los derechos humanos, la corrupción y las operaciones policiales de estilo militar".

La organización citó la participación de agentes policiales en escuadrones de la muerte y milicias, que realizan operaciones de limpieza social, extorsión, tráfico de armas y drogas en comunidades pobres conocidas como favelas.

Una operación en el estado de Río de Janeiro capturó a 47 agentes policiales por este tipo de actividad, mientras que en el estado de Goias fueron arrestados 19 agentes acusados de participar en escuadrones de la muerte.

El informe destacó el caso de la jueza Patricia Acioli, quien sufrió una oleada de amenazas por sus investigaciones sobre la delincuencia policial, y acabó asesinada en agosto del año pasado por 21 disparos. Once agentes policiales fueron detenidos en relación con el caso y están pendientes de juicio.

Subrayó que en Colombia continúan "indecibles sufrimientos" en comunidades civiles por el conflicto armado interno. "Tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares y las fuerzas de seguridad, que en ocasiones actuaban en connivencia, fueron responsables de abusos graves contra los derechos humanos".

La organización criticó también las violaciones a los derechos humanos en Ecuador.

La investigadora de AI sobre Ecuador, Tamaryn Nelson, dijo a The Associated Press desde Londres que "hay dos temas claves: hay una tendencia por parte del estado a impulsar cambios en leyes y políticas públicas sin consultar a la gente que sería afectada, principalmente en comunidades indígenas y campesinas" ... y el uso del sistema judicial en contra de dirigentes, sobre todo indígenas y campesinos que reclaman sus derechos".

Resaltó el caso de los dirigentes indígenas Marlon Santi y Delfín Tenesaca, que lleva dos años en fase de investigación por el delito de sabotaje en el marco de la protestas de junio del 2010 en contra de una reunión de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), pero que hasta ahora no se ha presentado ninguna evidencia contundente en contra de ellos.

Afirmó que sobre la libertad de expresión hay "restricciones" que incluyeron "el uso de cargos de difamación penal contra periodistas que criticaban al gobierno o a autoridades locales".

Sobre Cuba, aseguró que se continúo hostigando a disidentes políticos y opositores, aunque recordó que las autoridades liberaron en marzo a los últimos 11 presos de conciencia -reconocidos así por AI- junto con otros 62 encarcelados bajo cargos contra la seguridad del Estados, algunos con delitos violentos.

AI destacó además la condena a 15 años al contratista estadounidense, Alan Gross, por ingresar equipos satelitales a la isla de manera ilegal a Cuba para montar una red de internet.

"Personalidades y autoridades estadounidenses intentaron infructuosamente obtener su libertad por motivos humanitarios", añadió.

Entre los avances, AI destacó las condenas de prisión al ex capitán de la Armada argentina Alfredo Astiz y otros 15 hombres por 86 crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de la década de 1970.

En Bolivia, reconoció las condenas de prisión a siete ex oficiales por haber participado en el llamado "Octubre Negro" de 2003, cuando 67 personas murieron y más de 400 quedaron lesionadas durante protestas.

Amnistía Internacional también aplaudió la creación en Brasil de una comisión de la verdad para investigar violaciones cometidas entre 1946 y 1988, así como el incremento de investigaciones sobre casos de atentados a los derechos humanos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile.

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Contribuyeron con esta nota los corresponsales de The Associated Press en Brasil, Marco Sibaja; en Ecuador, Gonzalo Solano; en Cuba, Andrea Rodríguez, y en Chile, Eva Vergara