En El Salvador persiste la impunidad por las violaciones de derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado (1980-1992), según el informe anual de Amnistía Internacional (AI), divulgado hoy en Londres.

La Ley de Amnistía de 1993 siguió vigente a pesar de las reiteradas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaban a El Salvador a anularla, según dicho informe.

Esa Ley, continúa AI, pretende impedir que cualquier persona, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, rinda cuentas por violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, el informe recuerda que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del país recibió múltiples denuncias de abusos contra mujeres y niñas perpetrados por personal militar en prisiones de todo el país.

En agosto, continúa el informe, la Corte Suprema de Justicia decidió no ejecutar una "alerta roja" emitida por Interpol a instancias de las autoridades españolas para la detención y extradición de los militares "acusados del homicidio, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas españoles, su ama de llaves y la hija de esta".

La matanza fue perpetrada el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños asesinó en la UCA a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría (rector de ese centro), Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró; a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la empleada doméstica Elba Julia Ramos y a su hija Celina.

La Corte pidió a las autoridades españolas, según Amnistía Internacional, que cumplimentaran otros trámites procesales antes de considerar la orden.

Además, AI informa de que activistas de Derechos Humanos y periodistas que trabajaban en el departamento de Cabañas recibieron amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos y lucha contra la corrupción.