Amnistía Internacional destacó hoy la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios que entró en vigor en 2011 en Perú como "la primera de este tipo en Latinoamérica", aunque en ese país hubo violentos conflictos por proyectos mineros o de energía.

En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, presentando hoy en Londres, la organización dice que "las concesiones a empresas del sector extractivo suscitaron protestas de los pueblos indígenas. Seis indígenas resultaron muertos durante las protestas de mayo y junio en Puno contra las actividades mineras y la construcción de una represa hidroeléctrica".

No obstante, AI cita también decisiones judiciales que paralizaron proyectos hidroeléctricos en espera del preceptivo informe de impacto ambiental o hidrológico.

En septiembre entró en vigor la citada Ley, que sancionó que sean "obligatorios" la consulta previa y los acuerdos con los pueblos indígenas sobre los proyectos de desarrollo en tierras "tradicionales".

Al exponer los alcances de la norma, AI resalta que en caso de desacuerdo, "los organismos estatales tendrían que adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que se garantizaban los derechos colectivos de los pueblos indígenas".

Pero estas garantías no eximen de "preocupación", dice, sobre eventuales conflictos relacionados con proyectos aprobados anteriormente sin consulta previa.

La organización cita, entre otros, el caso de las protestas sociales motivadas en noviembre por el gran proyecto aurífero Conga, en la provincia de Cajamarca, de la minera Yanacocha. (Actualmente ese proyecto está pendiente de que la empresa acepte las nuevas condiciones sobre repercusión social y ambiental).

AI recuerda que el Congreso aprobó un informe sobre los sucesos de Bagua, donde en junio de 2009 murieron 33 personas, de ellas 23 policías, en enfrentamientos para contener protestas indígenas.

Los tribunales retiraron cargos contra el dirigente indígena Segundo Alberto Pizango Chotay y un tribunal militar "declaró culpables" a dos generales de la Policía y un alto mando militar en "relación con las muertes" ocurridas en Bagua.

Para Amnistía, las investigaciones en general sobre violaciones de los derechos humanos en el pasado en Perú, "siguieron avanzado a un ritmo lento".

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, recuerda que en octubre pasado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer resolvió que Perú debe modificar su legislación para autorizar el aborto en casos de violación y cuando peligren la vida o la salud de la mujer embarazada.

Cita en ese sentido el caso de una niña de 13 años que fue violada repetidamente desde los 11 años y quedó encinta en 2007.

La pequeña "quedó gravemente incapacitada después de sufrir una fractura de columna en un intento de suicidio y de que los médicos se negaran a intervenirla alegando que el procedimiento podía causar daños al feto", relata Amnistía Internacional.