Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos sigue siendo generalizada en América Latina, a pesar de avances en Argentina, Guatemala, Colombia, México y Brasil.

El informe anual de la organización presentado hoy en Londres, que analiza la situación de 155 países en 2011, destaca que en América Latina la resolución de muchos de los casos relacionados con los derechos humanos se enfrenta a "la falta de independencia en la justicia y la ausencia de voluntad política".

"La mayoría de los abusos del pasado y los que se siguen produciendo a diario siguen impunes. Es un gran fallo de la justicia, pero también de los gobiernos y la policía que fracasan al investigarlos, y en los que en algunos casos son los responsables", explicó a Efe Susan Lee, directora de AI para América Latina.

El texto reconoce que durante el año pasado se registraron avances en cuanto a la impunidad, sobre todo en lo referido a abusos cometidos durante antiguas dictaduras en la región, pero alerta de que son "la excepción".

La dificultad de llegar a la verdad sobre las violaciones de derechos humanos se ejemplifica en el documento con el caso de la jueza brasileña Patricia Acioli, asesinada el año pasado en Río de Janeiro por la policía militar después de haber investigado los abusos cometidos por las fuerzas del orden de su país.

En ese sentido, AI recuerda cómo activistas, periodistas, jueces y fiscales, además de víctimas y testigos, siguen teniendo problemas a la hora desvelar los abusos, patrón que se repite tanto en Brasil como en Colombia, México o Centroamérica.

Amnistía señala también la situación de los pueblos indígenas como uno de los problemas más preocupantes de la región, ya que, a pesar de que prácticamente todos los países reconocen sus derechos, son "violados diariamente".

El informe apunta que los indígenas "no son consultados y ni dan su consentimiento sobre grandes proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras, comunidades y su futuro".

En Brasil, Colombia y Guatemala son obligados a abandonar sus territorios, "a menudo de manera violenta", indica el texto, que añade que en Perú y Bolivia se ha utilizado la fuerza contra los manifestantes que protestaban contra estos proyectos y en Ecuador y México se ha perseguido judicialmente a líderes indígenas.

"El entusiasmo que hay en la región por el desarrollo no puede ser a costa del futuro de estos pueblos. Es lógico que los gobiernos tengan interés en el crecimiento económico de sus países, pero en ese afán no pueden sacrificar a los pueblos indígenas", recordó Susan Lee.

En cuanto a la seguridad pública, AI afirma que México y los países del Caribe están viviendo un aumento de la violencia "realmente alarmante".

"Se sigue utilizando la excusa legítima de la seguridad pública y los niveles de criminalidad para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en su respuesta al crimen organizado y grupos armados", apunta el informe.

El documento denuncia que en México y Honduras la respuesta ha sido militar e, incluso, se han registrado desapariciones de mano del Ejército, lo que considera "muy preocupante".

AI mantiene que la estrategia ha fracasado, ya que el crimen organizado se va expandiendo de país a país, y pide a los gobiernos latinoamericanos que revisen sus políticas en este sentido.

El informe anual de la organización humanitaria registró en 2011 restricciones de la libertad de expresión en al menos 91 países del mundo, además de casos de torturas y maltratos en 101 naciones.

Una de las principales conclusiones del documento es que las oportunidades de cambio creadas por el espíritu de la primavera árabe se han malgastado, debido a la "indiferencia" o la "brutalidad" de los políticos.

Amnistía denuncia, además, que el Consejo de Seguridad de la ONU no actúa "mientras en Siria se comenten crímenes contra la humanidad", por lo que califica al organismo internacional como "una institución cansada, fuera de la realidad e ineficaz".