Un empresario acusado de dirigir una mafia del juego ilegal con tentáculos en la política compareció hoy ante el Congreso brasileño, pero se negó a declarar y a responder preguntas sobre su supuesta implicación en asuntos de corrupción.

Carlos Augusto Ramos, conocido como "Carlinhos Cachoeira", acudió con su abogado y exministro de Justicia Marcio Thomaz Bastos ante una comisión parlamentaria que investiga diversas corruptelas, pero se amparó en su derecho a no responder hasta tanto declare primero ante un juez, lo que está previsto para el próximo 30 de mayo.

Ramos, quien está detenido desde febrero pasado bajo acusaciones de asociación mafiosa, corrupción, estafa y evasión fiscal, entre otras, fue trasladado al Congreso desde la cárcel en que permanece en Brasilia bajo un fuerte esquema de seguridad, pero frustró con su silencio la expectación creada por su comparecencia.

"Fui aconsejado por mi abogado a no decir nada", declaró Ramos al comenzar la sesión, cuando se le concedió la palabra durante veinte minutos, de los cuales usó apenas unos segundos.

Esa misma respuesta dio a cada una de las preguntas que, durante dos horas, fueron formuladas por decenas de parlamentarios sobre sus supuestos negocios con los gobernadores del Distrito Federal de Brasilia, Agnelo Queiroz, y del estado de Goias, Marconi Perillo, o con autoridades policiales de distintas regiones del país.

Así se escudó también cuando se le preguntó sobre sus relaciones con el legislador Demóstenes Torres, que por sus supuestos vínculos con la mafia del juego ilegal renunció a su militancia en el partido Demócratas y enfrenta ahora un proceso de destitución en el Senado.

Ramos exasperó a varios parlamentarios con su silencio, pero se mantuvo firme, mientras su abogado, que fue ministro de Justicia en el primer mandato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007), asentía con la cabeza ante cada negativa.

Tras casi dos horas de preguntas sin respuestas, la senadora Katia Abreu propuso suspender la sesión, que calificó de "ridícula", para evitar una "vergüenza mayor" ante "un bandido que se burla del Parlamento".

La propuesta fue aceptada y la comisión acordó volver a convocar a "Cachoeira" en junio próximo, después de que haya declarado ante el juez que lleva su caso.

Entre otros interrogantes que quedaron en el aire, están las relaciones de Ramos con la constructora Delta, que se adjudicó millonarios contratos en diversos estados de Brasil y, en especial, en Río de Janeiro, ciudad que será subsede del Mundial de fútbol del 2014 y acogerá los Juegos Olímpicos en 2016.

Con los directivos de esa empresa también mantiene estrechas relaciones el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, de quien se sospecha que pueda estar implicado en la vasta red de corruptelas que, según la Policía, habría tejido "Cachoeira".

Según sospechan las autoridades, Delta servía para blanquear parte del dinero obtenido por la mafia del juego y se valía de sus contactos políticos para obtener ventajas en licitaciones públicas.

En medio del escándalo desatado por las investigaciones, hace quince días se anunció la venta de la empresa Delta al grupo J&F, en el que el Estado tiene una participación del 30 por ciento a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).