La Unión Industrial Paraguaya pidió el martes al gobierno una restricción selectiva al ingreso de productos argentinos en reciprocidad a trabas similares implementadas por la administración de la presidenta Cristina Fernández.

Desde el 1 de febrero está en marcha en Argentina un sistema de importaciones consistente en la presentación de una Declaración Jurada Anticipada de Importación que debería ser aprobada en un plazo de entre tres y diez días como máximo por la Secretaría de Comercio Interior y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero en la práctica el trámite se extiende por largos plazos.

Eduardo Felippo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, dijo en conferencia de prensa que Argentina "viola las normas del Mercosur que garantizan la libre circulación en la región de personas y productos. Las trabas comerciales representan para el Paraguay un gran perjuicio porque varias empresas asociadas nuestras tuvieron que reducir puestos de empleos al no poder ingresar su producción a la Argentina".

Agregó que, en reciprocidad, "pedimos al gobierno la aplicación de una restricción selectiva al ingreso de productos argentinos".

El gobierno paraguayo no respondió a la solicitud de los industriales pero el jefe del gabinete civil, Miguel López, confirmó que el miércoles viajará a Buenos Aires para reunirse con Julio de Vido, ministro de Planificación, a fin de analizar la posibilidad de agilizar los trámites comerciales.

Felippo se quejó porque, aparentemente, el gobierno del presidente Fernando Lugo "tiene una reacción muy tibia con relación a las trabas argentinas. Debe tener una intervención más enérgica porque si seguimos esperando que por arte de magia o por piedad se solucionen las trabas, seguiremos en la pobreza", comentó.

No obstante, el gobierno argentino autorizó el martes a exportadores paraguayos el tránsito vía fluvial y vía terrestre de carne vacuna deshuesada y congelada en cajas hasta el puerto de Buenos Aires para su posterior transbordo a contenedores con destino a Europa y Asia, con aviso previo de 24 horas antes como indican las reglamentaciones sanitarias argentinas.

La resolución del gobierno de la presidenta Fernández fue firmada tras controlarse en Paraguay dos brotes de fiebre aftosa en septiembre y enero.