La Audiencia Nacional española ha archivado la causa contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Hacienda española, informaron hoy fuentes judiciales.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu indica que "la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los órganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspección o de verificación".

Por tanto, considera que en este caso se debe eximir de responsabilidad a la familia del financiero.

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse.

Entre estas personas estaban doce miembros de la familia Botín, Emilio Botin y sus cinco hijos -entre ellos Ana Patricia-, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes.

Se les acusaba de no haber presentado las autoliquidaciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

A petición de la Agencia Tributaria española, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" vinculadas a ellos.

Ante la incapacidad de verificar en su momento que las regularizaciones eran correctas, y para evitar que los delitos correspondientes a 2005 prescribieran, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar denuncias contra los Botín.

No obstante, se comprometió a archivar las actuaciones si comprobaba que las regularizaciones practicadas era "completas y veraces", como finalmente ha ocurrido.

El caso HSBC se originó cuando un extrabajador del banco entregó documentación confidencial a las autoridades francesas de presuntos evasores fiscales.

Esta actuación llevó a la Agencia Tributaria a investigar a 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.