La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy a Venezuela a investigar el motín de los presos y la entrada de armas a la cárcel de La Planta, en Caracas, cerrada el pasado viernes tras tres semanas de disturbios.

En un comunicado, la CIDH se mostró además "preocupada" por las "manifestaciones públicas vertidas por altas autoridades del Estado" venezolano en relación con el caso, en las que "se descalifica el trabajo de aquellas organizaciones de derechos humanos que trabajan a favor de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares".

El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su "preocupación" por la "situación de tensión" vivida en la prisión entre el 27 de abril y el 17 de mayo pasados, cuando los presos de La Planta se amotinaron tras negarse a ser trasladados de la institución, que el Gobierno había decidido cerrar.

Posteriormente se produjo un intento de fuga, que según las autoridades quedó en huida frustrada, y protestas de los familiares, mientras en el interior del recinto se repitieron los tiroteos por parte de los reclusos.

El pasado 9 de mayo, Henry Molina, de 48 años, falleció al ser alcanzado en su casa por un disparo que salió del centro penitenciario, y otras tres personas que transitaban fuera del internado resultaron también heridas leves por las balas perdidas.

"El hecho de que la población reclusa de La Planta se encontrara armada, que dicho centro penal estuviera superpoblado, y que estuviera ubicado en una zona de Caracas densamente poblada, provocaron una grave crisis de seguridad en esa ciudad durante más de tres semanas", aseguró la CIDH.

El organismo urgió al Gobierno de Venezuela "a investigar estos hechos, a investigar y sancionar a los responsables del ingreso de armas a ese centro penal, a informar acerca del traslado de internos a otros centros penales, y a adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida e integridad de los reclusos trasladados".

Además, instó a adoptar "de forma inmediata" medidas para desarmar a la población reclusa e imponer "controles efectivos del ingreso de armas en los penales".

La CIDH también instó a Caracas a publicar oficialmente una lista con los nombres de los 1.693 reclusos que se encontraban en la prisión y los lugares a los que fueron trasladados, así como informar "del número de internos presentes en La Planta antes del inicio del conflicto".

Asimismo, urgió a tomar medidas para "proteger la vida e integridad de los internos que fueron trasladados", en especial de aquellos desplazados a Yare I y Yare II, el Rodeo I y Rodeo II y la Cárcel de Tocorón, "cárceles sobre las cuales están vigentes medidas provisionales" dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).