La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) apelará la decisión de un juez ecuatoriano que hoy resolvió contra unas madres lesbianas inglesas, quienes quieren inscribir a su hija ecuatoriana con el apellido de ambas.

Una fuente de la DPE informó a Efe que con esta apelación el caso ascenderá a una Corte Provincial, entonces tiene que haber un sorteo para decidir a qué sala pasa el caso.

El caso podría llegar hasta la Corte Constitucional si la Corte Provincial resuelve contrario a las madres y éstas deciden apelar hasta la última instancia.

Helen Bicknell y Nicola Rothon, una pareja que lleva catorce años junta, decidieron tener su primer bebé, Satya, que nació hace cuatro meses tras un tratamiento de inseminación artificial.

Las madres decidieron inscribir a la niña con el apellido de las dos, pero el Registro Civil no se los permitió.

El problema recae en que si bien la Constitución del 2008 reconoce a las "familias en sus diversos tipos" y da la libertad a los progenitores de inscribir a sus descendientes con el nombre que deseen, la normativa del Registro Civil, de 1978, tan sólo permite que los niños lleven los apellidos de un hombre y de una mujer o los de la madre soltera, pero no contempla la doble maternidad.

El juez Vicente Altamirano, del Juzgado Cuarto de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, rechazó la acción de protección presentada por Bicknell y Rothon, con el apoyo de la DPE, para registrar a su hija con el apellido de ambas, al considerar que violaron el procedimiento, según la sentencia, a la que Efe tuvo acceso.

El Registro Civil se había negado a inscribir a la bebé, Satya, porque "no existe en la ley ecuatoriana la doble afiliación materna o paterna".

El fallo, emitido ayer, aseveró que tratar de que se revoque esa decisión mediante una Acción de Protección "sin intentar las otras dos vías de impugnación, constituiría un abuso de la Acción de Protección y se constituiría en una desmesurada forma de conseguir resoluciones afines a sus intereses".

El juez Altamirano afirmó que debieron recurrir la decisión del funcionario del Registro Civil a la dirección de esa entidad y ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

"No se puede saltar los mecanismos legales, a fin de conseguir el reconocimiento de esos derechos", dice el fallo, en referencia a los derechos contemplados en la Constitución.

El caso de Bicknell y Rothon causó un gran revuelo en el país y el día de la audiencia se congregaron fuera de los juzgados defensores de las madres y grupos católicos en favor de la familia tradicional, constituida por hombre y mujer, quienes entregaron 3.000 firmas al juez para que no permitiera la inscripción de la niña con los apellidos de ambas.