El exgeneral Manuel Antonio Noriega, quien hoy cumplió trece días hospitalizado por una bronquitis, es sometido a una serie de exámenes cuyos resultados serán tomados en cuenta por las autoridades panameñas para decidir si recibirá el beneficio de arresto domiciliario u hospitalario.

"Le están haciendo algunos exámenes (...) creo que se va a quedar el día de hoy también" en el estatal Hospital Santo Tomás, al que fue trasladado el pasado día 9, declaró este lunes a Efe Thays Noriega, una de las hijas del antiguo dictador.

Los resultados de esas evaluaciones médicas, que la familia desconoce, serán tomadas en cuenta por las autoridades a la hora de decidir sobre los pedidos de arresto domiciliario u hospitalario realizados por los abogados hace "más de tres meses", añadió Thays.

El "complicado" cuadro clínico de Noriega, que según la defensa padece de un tumor cerebral y problemas motrices y cerebrovasculares, justificaría la concesión del beneficio procesal, sostiene la familia.

Por su parte, el director del Sistema Penitenciario de Panamá, Ángel Calderón, sostuvo este lunes que Noriega es evaluado por equipos del Instituto Médico Legal y de Salud Penitenciaria, quienes darán, en una fecha que no precisó, "recomendaciones" para decidir sobre el futuro del anciano militar.

Calderón añadió en declaraciones a la televisión local que no puede adelantar nada respecto a la decisión que tomará su despacho, aunque reiteró que Noriega padece un "resfriado, típico de la época" de lluvias, que se ha "agudizado".

La autoridad de Prisiones ha señalado en anteriores ocasiones que en el caso de Noriega "no se puede desconocer el derecho de las víctimas", ni "olvidar que aún mantiene casos pendientes" con la Justicia panameña.

El Código Penal panameño establece que un juez puede conceder a los presos mayores de 71 años que estén enfermos el beneficio de cumplir sus condenas en su domicilio, aunque la ley exceptúa de esa norma a los condenados por delitos de lesa humanidad y desapariciones.

Noriega, derrocado por una invasión militar estadounidense en 1989, cumple en Panamá penas de 60 años de cárcel por diversas condenas relacionadas con delitos como homicidio, violaciones a los derechos humanos e incluso daños al medio ambiente.

El exgeneral, quien gobernó de facto Panamá entre 1983 y 1989, regresó a su país tras cumplir 21 años de cárcel en Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.