El ex dictador Efraín Ríos Montt se declaró el lunes inocente en el proceso judicial que se le sigue por la masacre de más de 200 campesinos en el norte del país.

"Hay temas y autoridades bajo las cuales funcioné. Es bajo la ley custodial del ejército señora juez que me declaro inocente", señaló el ex gobernante de facto en una sala llena de familiares de las víctimas, así como activistas y miembros que velan por los derechos humanos.

Ríos Montt agregó que "en 1994 fui llamado ha declarar por el ministerio Público y no me imputaron nada por lo cual estuve en libertad".

El ministerio Público intenta probar que Ríos Montt tuvo responsabilidad en la operación militar en la cual murieron 201 campesinos de la comunidad Dos Erres, en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, en un hecho que se enmarcó dentro de la política de "tierra arrasada" ejecutada durante parte del conflicto armado que se prolongó por 36 años en la nación centroamericana.

La jueza a cargo del proceso, Carol Patricia Flores, declaró nuevamente un receso para decidir cómo proceder en el caso.

Antes, la jueza había descartado un recurso de los abogados defensores de Ríos Montt que buscaba impedir la realización de la diligencia alegando un conflicto de competencia del juzgado.

Es la primera vez que Ríos Montt declara frente a un juez después que el general retirado de 85 años fuese procesado por genocidio, por el exterminio de comunidades indígenas del centro del país, en una causa distinta.

La jueza Flores le preguntó a Ríos Montt si había entendido los hechos de los cuales lo acusaba el ministerio Público.

"No", respondió en una monosílaba el general retirado segundos después. Agregó que "por está razón no podría declarar".

Flores otorgó un receso para que la defensa pudiese explicarle los cargos al ex general.

El caso contra el ex gobernante se remonta al 7 de diciembre de 1982, cuando 17 kaibiles, como se denomina a los comandos elite del ejército, y otros 40 soldados ingresaron a la Dos Erres y perpetraron una cruenta matanza que incluyó torturar a muchos hombres antes de ejecutarlos, la muerte de docenas de niños y las violaciones de las mujeres de la comunidad.

El de las Dos Erres es el segundo expediente judicial en el que el ex dictador figura como imputado, ya que también es acusado de genocidio por el exterminio de comunidades indígenas del centro del país, en una causa distinta.

El ex dictador guatemalteco es acusado por la fiscalía de ser el autor intelectual de 266 operativos militares en los que habrían muerto al menos 1.771 personas, se habrían cometido 1.400 violaciones a los derechos humanos y desplazado a por lo menos 29.000 personas entre 1982 y 1983.

El conflicto armado terminó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas. Una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas reportó que durante las hostilidades hubo más de 200.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría civiles, indígenas y campesino, de los cuales responsabilizó primordialmente al ejército.