La Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió hoy al Estado desarrollar acciones más contundentes para terminar con la discriminación hacia ellos y así cumplir con la Convención de la ONU al respecto.

El Gobierno salvadoreño "si bien ha tenido acciones importantes a favor de este colectivo, lo ha hecho a paso lento y todavía de manera insuficiente", dijo el procurador de la PDDH, Óscar Luna, al leer un pronunciamiento conjunto de la Mesa de Personas Discapacitadas.

El Gobierno debe "velar y garantizar" que todas las instituciones públicas y privadas cumplan con las políticas y leyes que promueven y protegen los derechos de las personas con discapacidad, agregó Luna.

Señaló que la Asamblea Legislativa debe reformar la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, para armonizarla con los principios y postulados de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que el pasado 3 de mayo cumplió cuatro años de haber entrado en vigencia y el país sigue sin cumplirla.

El Salvador ha firmado y ratificado "tan importantes instrumentos jurídicos internacionales" que lo obliga a darles cumplimiento; "sin embargo, las buenas voluntades expresadas (...)" no han derivado en hechos concretos, acota el comunicado conjunto.

El documento reitera que no desmayarán en su "fiel compromiso de reiterarle al Gobierno y al Estado salvadoreño en general, su obligación en cuanto al cumplimiento de tales instrumentos de reconocimiento y protección de (sus) derechos humanos".

La Mesa Permanente también, entre otras cosas, reiteró al Gobierno salvadoreño la necesidad de realizar un censo de personas con discapacidad para determinar el número y sobre todo sus condiciones vidas, para ejecutar "una adecuada y muy urgente política nacional de atención integral".

Además, pidió a la Corte Suprema de Justicia diseñar e implementar, entre otras cosas, mecanismos para que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, sin discriminación.