La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra (Suiza), expresó hoy su preocupación por la situación de la violencia contra las mujeres en Nicaragua y por la penalización del aborto terapéutico en este país.

También por la exclusión del término tortura en el Código Penal y en el Código Penal Militar, y por el "alto índice" de hacinamiento en las cárceles de Nicaragua.

Ese es el balance preliminar al que llegó una misión de la OMCT al término de una visita de una semana a Managua para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en la que no fueron recibidos por el presidente Daniel Ortega, quien, según el organismo, no respondió a la invitación.

Creada en 1985, la OMCT "constituye actualmente la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante", con 311 organizaciones distribuidas en todo el mundo, según su página web.

Eric Sottas, exsecretario general de la OMCT, y Andrea Meraz, encargada de los derechos humanos de esa organización mundial, señalaron en rueda de prensa en Managua que les sigue preocupando la violencia de genero, incluida la doméstica, la sexual y el asesinato de mujeres en este país.

"La Policía Nacional nos dio la cifra de 33 asesinatos de mujeres por violencia intrafamiliar en 2011, que es una cifra que hay que tomar en cuenta", indicó Meraz.

Durante 2011 fueron asesinadas 76 mujeres, en su mayoría por parejas, familiares o conocidos, según cifras de la Red de Mujeres Contra la Violencia, un organismo local.

Los representantes de la OMCT subrayaron, sin embargo, que existe una ley que castiga la violencia de género, que impone hasta 30 años de prisión a los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres, y tipifica el "femicidio" como el delito que comete el hombre que dé muerte a una mujer, en público o en privado.

Sottas también expresó su preocupación por la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua, prohibido en el Código Penal desde 2006.

Anunció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe fallar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de mujeres que exigen la restitución en la legislación nacional del aborto terapéutico.

El Parlamento nicaragüense, en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, que ganó el actual mandatario, el sandinista Ortega, escuchó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.

La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer".

Otro tema que causó preocupación a la delegación de la OMCT, según Sottas, es que el término tortura no aparece en el Código Penal ni en el Código Penal Militar.

"Nicaragua no es un país donde la tortura es una práctica común, no es lo que estamos diciendo, al contrario hemos visto que hay casos de malos tratos, pero no es una política sistemática", aclaró.

También advirtieron sobre los "altos índices" de hacinamiento en las cárceles, el maltrato a reclusos y la lentitud de la Justicia.