Chile enfrenta gigantescas manifestaciones estudiantiles a pesar de ser uno de los países con mayor inversión en educación a nivel mundial, un 2,17% del producto interno bruto.

"Eso nos hace el cuarto país en el mundo, (de los) que tienen datos, que más gasta como porcentaje del PIB después de Estados Unidos y Corea", dijo el ministro de Educación Harald Beyer en una entrevista exclusiva con The Associated Press.

El problema es que dos tercios de ese 2,17% proviene de las familias y sólo un tercio es aportado por el Estado.

Del millón de estudiantes universitarios del país la mitad está endeudado, la mayoría con la banca privada.

"Eso hace que el costo de la universidad sea muy alto para las familias", sostuvo el ministro.

Beyer indicó que para aliviar la presión económica sobre las familias, que se endeudan para enviar a sus hijos a la universidad, "decidimos dar un giro: tenemos que dar más becas y un sistema de créditos más blandos, que va a ser más oneroso para el Estado pero no tan oneroso para las familias".

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) poco más de dos tercios del gasto en educación proviene del Estado y el resto de los privados.

A nivel regional, Chile gasta por alumno 23.597 dólares anuales; México invierte 21.175; Brasil destina 18.261 y Colombia 19.067 dólares.

El altísimo nivel de endeudamiento y las demandas de una educación gratuita y de calidad desataron en 2011 las mayores protestas estudiantiles desde la restauración de la democracia en 1990. Los líderes estudiantiles advirtieron que continuarán las manifestaciones hasta lograr sus objetivos.

"No queremos más un Estado subsidiario sino derechos básicos universales", señaló a la AP Gabriel Boric, presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile.

En los últimos 20 años la cantidad de alumnos universitarios se cuadriplicó de 90.000 a 1,06 millón. "Hasta donde entiendo, es la tasa de aumento en cobertura de la educación superior más grande del mundo", dijo Beyer.

El tipo de préstamo más utilizado --más de 300.000 familias-- fue creado por el gobierno socialista del presidente Ricardo Lagos (2000-2006), el llamado préstamo Con el Aval del Estado en el que siete bancos privados otorgan créditos con tasas de interés de 6% a 15 y más años.

La masividad de las protestas estudiantiles obligó al presidente Sebastián Piñera a priorizar el problema educacional. El mandatario impulsó cuatro proyectos de ley para aliviar a las familias endeudadas, muchas a punto de perder bienes y hasta sus hogares a manos del Banco del Estado que administra los créditos Corfo, una entidad estatal que entrega los fondos a un 3,3% al banco que a su vez los presta a los estudiantes a una tasa de 8,17%.

Los proyectos de Piñera crean una agencia estatal que unifica los créditos a tasas de 2% para los alumnos nuevos. Los antiguos verán recalculadas y rebajadas sus deudas hasta llegar al mismo 2%. También aumenta considerablemente las becas y establecen límites para que una vez egresados los jóvenes paguen un pequeño porcentaje de sus ingresos en un máximo de 180 cuotas; vencido el plazo, el resto de la deuda se extingue.

Otro de los proyectos modifica y crea nuevos tributos para recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares para destinarlos íntegramente a mejorar la educación, que representarán un 0,3% adicional del PIB.

Pero la oposición de centroizquierda, los líderes estudiantiles y varios rectores de universidades afirman que la reforma es ínfima y que se necesitan recursos adicionales que oscilan entre los 5.000 y 7.000 millones de dólares para lograr cambios estructurales en la educación preescolar, escolar, universitaria y técnico profesional.

"Nuestra convicción es que es una propuesta insuficiente, los ajustes son menores", dijo el presidente del Senado, el socialista Camilo Escalona.

En tanto, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, que en 2011 marchó con los estudiantes, calificó la reforma tributaria de "mezquina".

Beyer sostuvo que se necesitan 1.000 millones de dólares adicionales a los aprobados en el presupuesto de 2012 para mejorar la educación y que "la reforma tributaria es la suficiente para generar esos recursos".

Enfatizó también que el Ejecutivo no cederá a la demanda estudiantil de gratuidad porque "la educación superior gratis en un país tan desigual como el nuestro es una política regresiva, beneficia a las personas de más altos ingresos y consume recursos que se podrían usar en personas de menos ingresos".