La Justicia argentina denegó hoy el pedido de excarcelación de tres acusados de integrar una asociación ilícita para malversar millonarios fondos que el Estado otorgó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

El juez que investiga el caso, Norberto Oyarbide, negó los pedidos de excarcelación solicitados por el exapoderado de la fundación Sergio Schoklender, su hermano Pablo y el contable Alejandro Gotkin, informó el Centro de Información Judicial.

Tanto los hermanos Schoklender, quienes estuvieron ya en prisión por el delito de parricidio, como Gotkin quedaron detenidos esta semana por orden de Oyarbide.

Los tres detenidos están acusados de integrar una sociedad ilícita dedicada a desviar fondos públicos por al menos 70 millones de pesos (unos 15,6 millones de dólares) para el plan de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" llevado adelante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Oyarbide indagó hoy a Pablo Schoklender y a Gotkin, mientras que citó para el próximo 31 de mayo a Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo.

Según medios de prensa locales, que citaron fuentes judiciales, en su declaración Pablo Schoklender negó ser organizador de una asociación ilícita y responsabilizó a Hene de Bonafini por todas las decisiones que se tomaban en la fundación.

El juez del caso también citó a declarar a los empresarios Pablo Sette, Adolfo Daniel Bus y Mariano Moncada.

Hebe de Bonafini, que defiende la inocencia de su hija y acusa de traición a Sergio Schoklender, a quien trataba como a un hijo, dijo hoy que "es muy importante" que los imputados sigan detenidos.

"Son días especiales, no de alegría, pero sí de satisfacción, de agradecimiento a la Justicia, para la cual pido un aplauso", dijo Bonafini al hablar en la habitual marcha de las madres cada jueves en la Plaza de Mayo.

El "caso Schoklender", que estalló el año pasado, ha dado lugar a la apertura de otra investigación por presunto lavado de dinero en manos del juez federal Sergio Torres.

El escándalo desató además medio centenar de demandas presentadas por trabajadores y proveedores de la fundación humanitaria en tribunales comerciales por falta de pago de sus respectivos servicios.

Asimismo, suscitó duras críticas de la oposición hacia el Gobierno de Cristina Fernández por la supuesta falta de controles en el otorgamiento de fondos públicos de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo.