El procurador general del Estado de Ecuador, Diego García Carrión, aseguró hoy que en los últimos cuatro meses ha recibido una abrumadora cantidad de expedientes pendientes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llevaban años enterrados.

En una entrevista con Efe durante su estancia en Miami, donde acudió a presentar los planes de Ecuador en materia de adaptación a estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, García también defendió la independencia judicial de su país.

En lo que se refiere a la CIDH, argumentó las críticas vertidas recientemente por su país a ese organismo explicando que éste "debe entender que, en el alcance sus pronunciamientos, su papel ha de ajustarse a los términos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el instrumento que Ecuador ratificó".

"No es un organismo jurisdiccional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos", sino que lo que emite son "recomendaciones", recordó el abogado del Estado ecuatoriano, quien se quejó de que "en los últimos cuatro meses ha empezado a notificarnos semana a semana casos que estaban dormidos desde hace años en la comisión, generando una presión a la defensa del Estado".

García no se pronunció sobre si esta situación la viven también otros países o si existe algún estado que esté instigando este incremento de la presión hacia Ecuador. Dijo que "no entendemos" por qué ocurre esto y "nos preocupa".

Tampoco se quiso pronunciar sobre la decisión de Venezuela de abandonar el organismo, aunque opinó que "los cambios en el sistema deben hacerse desde adentro".

"Yo no estoy promoviendo que el Ecuador salga, pero es una decisión que maneja el Gobierno central", aclaró.

Aunque "Ecuador cumple con los tiempos de respuesta" a los expedientes remitidos, en su mayoría relacionados con "retrasos en la administración de justicia", explicó que su departamento cuenta con unas 300 personas, entre ellas "unos quince abogados" que se encargan de procesar las contestaciones.

"El volumen de documentación que se recibe y que hay que enviar es demasiado grande con tiempos de respuesta cortos", apuntó el procurador. Así se produce "una angustia de la defensa, que es algo que precisamente protege la Convención de los Derechos Humanos".

Explicó que su esperanza es que la Comisión revise sus procedimientos "de una manera en que el Estado esté en capacidad de responder".

Por otra parte, García defendió la independencia de los jueces de su país y dijo que prueba de ello es que "el Estado ecuatoriano en sus litigios obtiene resultados favorables y desfavorables dependiendo de las circunstancias de cada caso".

La Administración de Justicia en Ecuador, reconoció, "ha pasado por varios procesos de reestructuración" que, "en algunas etapas, se han visto interrumpidos por la propia inestabilidad de los Gobiernos en los últimos quince años".

"Reclamaciones puntuales sobre la administración de justicia ha habido", pero "no son diferentes de las que existían antes de este Gobierno".

Por lo que se refiere al caso del diario El Universo, aclaró que su departamento no participó en el proceso, pero insistió en que "constitucionalmente en el Ecuador hay una administración independiente de la Justicia y tienen sistemas de control, que "hasta donde yo conozco funcionan".

García se encuentra en Miami para presentar los avances de Ecuador en materia de lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo ante una comisión de revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para los países de América que están en proceso de seguimiento.

"Estamos impulsando unas reformas legales que pretenden que la legislación ecuatoriana se adapte a todos los estándares internacionales contra financiación del terrorismo", explicó.

Según dijo, la idea última es crear una ley que implicará "una reforma mucho más amplia que incluye todo el sistema penal ecuatoriano", por lo que se trata de "un proceso que llevará algún tiempo".

Con respecto a la imagen exterior de su país y al grado de confianza que suscita a inversores y agentes extranjeros, se remitió a "los antecedentes de cumplimiento de los compromisos y decisiones internacionales".

"Ecuador puede estar litigando a nivel internacional en cuestión de inversiones o de derechos humanos pero no existe ningún antecedente de incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano por lo que no habría por qué pensar que de repente va a actuar al margen de sus compromisos", argumentó.