Los miembros de una veeduría que dijo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado no han recibido respuesta a sus peticiones de asilo en el extranjero y acudirán mañana a una audiencia en la que temen que el juez ordene su encarcelamiento.

"No hemos recibido respuesta de ningún país", dijo a Efe Pablo Chambers, el presidente de esa veeduría.

Desde el pasado viernes, Chambers y sus colegas José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo han acudido a las embajadas de Costa Rica, Panamá, Chile, Reino Unido y el Vaticano en Quito para presentar las solicitudes de asilo.

Su meta era lograr refugio en otro país antes de comparecer ante el Juzgado Quinto de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, porque creen que el juez Raúl Martínez les negará la libertad condicional y tendrán que esperar en la cárcel a que se celebre el juicio contra ellos.

"De lo que nos acusan es algo parecido a terrorismo. Eso no tiene medidas sustitutivas a la prisión", dijo Chambers, quien aclaró que el cargo es "perjurio, tratando de desestabilizar la democracia".

El propio mandatario solicitó la creación de la veeduría, pero una vez que hizo público su informe hace un año, Correa acusó a sus miembros de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa, por lo que los denunció ante la Fiscalía, que ha impulsado un juicio penal contra ellos.

Los veedores han solicitado medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también han acudido a la Defensoría del Pueblo, que por ahora no se han pronunciado a su favor, explicó Chambers, que dijo no confiar en la justicia ecuatoriana.

"Nos sentimos absolutamente frustrados, absolutamente indefensos", se quejó.

En su informe, la veeduría aseveró que el volumen de los contratos de Fabricio Correa ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 140 millones.

También afirmó que Rafael Correa sí conocía esos contratos y también señaló que hubo favoritismo en su adjudicación en favor de Fabricio que, después del escándalo, se ha presentado como un acérrimo opositor a la gestión de su hermano.

El mandatario ha negado haber tenido conocimiento de los contratos, que él canceló después de que una investigación periodística los sacara a la luz, y ha afirmado que el objetivo de la veeduría era "hacerle daño al Gobierno".

Los miembros del comité fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo auditor ciudadano.

Los periodistas que revelaron el caso, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, también afirmaron en su libro "El Gran Hermano" que Correa sabía de los contratos.

El mandatario les enjuició por injurias por ello, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares los perdonó.