La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que fue torturada y detenida durante el régimen militar que gobernó el país de 1964 a 1985, instaló hoy la Comisión de la Verdad, que tendrá la responsabilidad de investigar violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pero no de juzgar a los responsables.

Rousseff, que lloró al recordar el sufrimiento de los familiares de los muertos y desaparecidos durante la dictadura, le dio posesión a los siete integrantes de la comisión en un acto al que asistieron todos los expresidentes brasileños, así como los comandantes de las Fuerzas Armadas.

La presidenta aseguró que el propósito de la comisión será recuperar la verdad sin revanchismo para poder alcanzar la reconciliación nacional.

"Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y especialmente merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día", afirmó la mandataria, que tuvo que interrumpir su discurso por los aplausos y para secarse las lágrimas.

La comisión tendrá un plazo de dos años para investigar crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988, aunque se centrará sobre todo en el último régimen militar (1964-1985).

"No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de escribir la historia de una forma diferente a lo que ocurrió sino la necesidad de conocer sin ocultamientos lo que ocurrió", agregó la gobernante, que estuvo presa dos años por su militancia en un movimiento de izquierda que combatió la dictadura.

Sin citar específicamente la Ley de Amnistía de 1979 que impide llevar ante la justicia a los sospechosos de haber torturado, secuestrado o asesinado durante la dictadura, Rousseff recordó que Brasil recuperó la democracia gracias a pactos políticos que pretende respetar y que serán honrados por la Comisión de la Verdad.

"Así como respeto a quienes lucharon por la democracia también respeto los pactos políticos que nos llevaron a la redemocratización", afirmó.

Rousseff alegó que la instalación de la comisión es un acto de estado y no de gobierno y en ese sentido dijo sentirse alegre por estar acompañada en la ceremonia por los mandatarios que la antecedieron durante los 28 "benditos" años transcurridos desde que terminaron los 21 años de "autoritarismo".

En un acto simbólico, Rousseff llegó a la ceremonia tras haber descendido la rampa interna del palacio presidencial de Planalto al lado de los expresidentes José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992) Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

La presidenta destacó que le correspondió nombrar e instalar una comisión creada durante el gobierno de Lula y que tuvo como antecedente la decisión de Cardoso de reconocer la responsabilidad del estado en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y compensar a los familiares de los muertos y desaparecidos.

La comisión estará integrada por el magistrado Gilson Dipp, el fiscal Claudio Fonteles, el exministro de Justicia José Carlos Dias, el sociólogo Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl, el abogado José Paulo Cavalcanti Filho y la abogada Rosa María Cardoso da Cunha, amiga personal de Rousseff y defensora de presos políticos durante la dictadura.

Pese a que la ley que creó la comisión establece que sean investigadas tanto las violaciones cometidas por los agentes del estado como por los militantes que se opusieron a la dictadura, sus integrantes han dejado claro que se centrarán en los primeros.