Dirigentes opositores argentinos reaccionaron hoy con duras críticas al Gobierno, al calor de la detención del exapoderado de las Madres de Plaza de Mayo y otros acusados por malversación de fondos públicos y lavado de dinero en planes de vivienda de la asociación humanitaria argentina.

La reacción opositora la encabezó el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, quien cargó las tintas en la falta de control del destino de fondos públicos por cuyo desvío fue apresado Sergio Schoklender, antiguo apoderado de la asociación humanitaria.

Mientras, la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR, segunda fuerza política del país) analiza insistir con su propuesta del año pasado para que se cree una comisión parlamentaria para que investigue lo ocurrido, dijeron sus portavoces a Efe.

La investigación "profunda" del caso es apoyada por la Coalición Cívica, indicó a su vez la exdiputada Elsa Quiroz, dirigente de la fuerza que reúne al centroderecha, el centroizquierda e independientes.

El alcalde porteño destacó que "ha habido un desfalco de 240 millones de pesos (53,8 millones de dólares), dicen los diarios, y la presidenta (Cristina Fernández) y todos sus funcionarios le dieron la plata a Schocklender sin ningún control".

Macri convocó una rueda de prensa al enterarse "por la prensa" de que el juez federal Norberto Oyarbide, que lleva la causa por los presuntos delitos cometidos por Schocklender y otros acusados, envió a juicio oral las actuaciones por las que en 2010 procesó al alcalde porteño por escuchas telefónicas ilegales.

"¿Qué pasa, juez, no hay ninguna responsabilidad? Nadie votó a Schocklender, no se presentó a ninguna elección", subrayó luego de asegurar que la causa en su contra está orquestada por el Gobierno y por tanto no le sorprende que se le quiera someter a juicio.

"Claramente acá hay un manejo que preocupa", insistió Macri al poner una vez más en tela de juicio la independencia del juez Oyarbide, cuya recusación le fue rechazada por un tribunal de alzada.

Sergio Schoklender quedó detenido el martes luego de declarar ante Oyarbide, que también ordenó encarcelar a Pablo Schoklender, hermano del exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y al contable Alejandro Gotkin.

Todos ellos son acusados de formar malversación, desvío de fondos públicos y lavado de dinero con al menos 25 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares) para el plan de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" llevado adelante por la fundación.

Oyarbide dijo hoy que le llevó mucho tiempo decidir esas detenciones en vista de la "inmensa complejidad de la causa", que se inició a comienzos de 2011 y desató un escándalo.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, defendió anoche la "inocencia" de su hija Alejandra, también involucrada en esta causa, y se declaró "satisfecha" por la decisión del magistrado.

En agosto pasado, el grupo de legisladores de la UCR con el apoyo de otras fuerzas opositoras propuso que el Parlamento crease una comisión para investigar el asunto, pero la iniciativa fue frenada por el mayoritario grupo de legisladores del peronista Frente para la Victoria que lidera Fernández.

"No está mal reactivar esa iniciativa así como cualquier otra que sirva para investigar la falta de control de los fondos públicos y las correspondientes responsabilidades políticas", apuntó a Efe Quiroz, quien desde la Coalición Cívica impulsó la causa judicial.