Un organismo defensor de los derechos humanos acusó hoy al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber debilitado "al extremo" el Estado de derecho y generado un "ambiente mucho más incierto y cargado de riesgos" en los últimos cinco años en este país.

Un informe presentado este miércoles por el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), no gubernamental, responsabilizó a Ortega de legislar por decretos, "desplazar" al Parlamento y someter a los poderes del Estado, lo que representa "una amenaza para los derechos humanos".

Según el Cenidh, en el anterior mandato de Ortega (2007-2012) se registraron 8.302 denuncias por violación a los derechos humanos, en general más "graves" que las del período 2002-2007.

El director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, dijo que el gobernante sandinista cerró espacios a la sociedad civil, violó los derechos políticos, la libertad de expresión y "agredió" fiscalmente a los medios de comunicación.

En el último lustro, agregó, Ortega administró al margen del presupuesto 2.231 millones de dólares de la cooperación venezolana, no respetó la Ley de Contrataciones Públicas y ejecutó proyectos sin licitación, lo que representa una "confusión de intereses públicos y privados".

El Cenidh denunció una campaña gubernamental de intimidación y agresiones contra los defensores de derechos humanos, el asesinato impune de dos excombatientes alzados en armas contra Ortega y la muerte violenta de cuatro personas luego de las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega logró su reelección bajo denuncias de fraude.

El ambiente es "mucho más incierto y cargado de riesgos", advirtió la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.

Ese organismo indicó que el Ejecutivo tampoco muestra interés por mejorar el sistema electoral, como lo propuso la Unión Europea, o de aceptar recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de combate a la discriminación racial y contra la mujer.

Ampié cuestionó a Ortega por rechazar la presencia en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El año pasado, añadió, la institución más denunciada fue la Policía Nacional y no descartó que el fenómeno responda a "un debilitamiento de su carácter apolítico y apartidario", debido a una "cooptación" gubernamental.

También alertó sobre una "escalada de violencia" que sufren los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe a manos del narcotráfico internacional, por lo que sugirió a la Policía nicaragüense "revisar su estrategia" contra el crimen organizado.

Por su parte, el procurador de los derechos humanos en Nicaragua, Omar Cabezas, reconoció ante el Parlamento que la Policía Nacional es la institución más acusada, pero explicó que en los últimos años se han reducido las denuncias por violación a las leyes.

Cabezas rindió un informe de su gestión ante los diputados y solicitó al Estado aplicar la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y habilitar, por ley, la existencia de familias homoparentales.