Un juez argentino ordenó hoy profundizar la investigación patrimonial del vicepresidente, Amado Boudou, en el marco de causas abiertas contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y supuesto uso de influencias en beneficio de una imprenta de dinero, informaron fuentes judiciales.

El magistrado federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas para indagar en la situación patrimonial de Boudou, de acuerdo con lo solicitado por el fiscal Jorge Di Lello, quien quedó a cargo de la instrucción, precisó el Centro de Información Judicial.

Lijo unificó en este sentido la causa por el supuesto uso de influencias de Boudou en beneficio de la empresa Ciccone con otra investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente.

Diputados opositores acusan a Boudou de haber intercedido, cuando era ministro de Economía (2009-2011), ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para pedir el levantamiento de la quiebra de Ciccone y con ello facilitar que fuera comprada por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Alejandro Vandenbroele.

En el marco de esta causa fue allanado un apartamento perteneciente a Boudou, en un operativo validado este miércoles por el magistrado Lijo.

De esta investigación fueron apartados el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tras planteamientos presentados por los acusados.

Boudou fue imputado el pasado lunes por el fiscal Di Lello en el marco de la denuncia por enriquecimiento ilícito, que también involucra al empresario Vandenbroele, al abogado José María Núñez Carmona y a la periodista Agustina Kampfer, novia del vicepresidente.

El juez federal Ariel Lijo había trasladado al fiscal una denuncia del periodista Cristian Sanz para que se investigaran "las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou.

La denuncia señala como "supuestos testaferros" del vicepresidente a Vandenbroele, Núñez Carmona y Kampfer, entre otros, dijeron fuentes judiciales a la prensa.

Di Lello también pidió que se investigue la presunta participación directa o indirecta de Boudou en la Compañía de Valores Sudamericana y London Supply, firmas que compraron Ciccone luego de que el Fisco desistiera de pedir su quiebra.

Asimismo, reclamó investigar a los acusados por la "compra de terrenos" en un lujoso club de campo del balneario de Pinamar, a 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, y un apartamento en el barrio de Puerto Madero, uno de los más exclusivos de la capital argentina.

Los acusados de enriquecimiento ilícito están obligados a demostrar el origen de sus ingresos y propiedades ya que la legislación les excluye de la presunción de inocencia.

Legisladores opositores han impulsado un pedido de juicio político con fines de destitución contra el vicepresidente, que, según adelantaron fuentes del Gobierno, con mayoría en ambas cámaras parlamentarias, no tiene posibilidades de prosperar.

En abril pasado, Boudou desató un escándalo al asegurar que recibió ofertas de ayuda para evitar "problemas judiciales" de parte de un estudio de abogados de familiares del Procurador General (jefe de la Fiscalía), Esteban Righi, quien negó tales acusaciones y renunció al cargo.

El vicepresidente, de visita en Ginebra para recibir un premio otorgado a la presidenta Cristina Fernández, sostiene que es blanco de una campaña ideada por opositores y firmas competidoras de Ciccone que busca afectar al Gobierno.